Defensoría pide a grupos armados detener el uso de minas antipersonal: “No es posible concebir un país en paz cuando aún hay minas”

En el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer que Colombia es el sexto país con mayor cantidad de víctimas de minas antipersonal, registrando un total de 12.322 víctimas entre 1990 y 2022.

Los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander son los más afectados, por eso, la entidad ha emitido 270 alertas tempranas.

“De las 270 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo hasta el día de hoy, 147 advierten sobre escenarios de riesgo relacionados con contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados”, aseguró el defensor Camargo.

Desde 2005, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró que el 4 de abril se conmemora en el mundo el Día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, para tomar conciencia sobre esta práctica violenta que afecta en mayor medida a la población civil.

La Defensoría del Pueblo ve con gran preocupación que el flagelo de la siembra de minas antipersonales sigue siendo una práctica común que afecta a la población en el país, generando graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“No es posible concebir un país en paz cuando aún hay minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en nuestros territorios, poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en las zonas más afectadas por el conflicto”, señaló Camargo.

El defensor del pueblo reiteró el llamado enfático a los grupos armados ilegales a respetar la vida e integridad de la población y a cumplir con las normas del DIH, que prohíben el uso de este tipo de armamento.

Camargo Assis también instó a las autoridades del Gobierno nacional para que se acelere la labor en los territorios que permita cumplir el compromiso adquirido en el marco de la Convención de Ottawa, de ser un país libre de minas al término del año 2025.

Defensoría advierte sobre líderes sociales

La protección de los líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto está en riesgo por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad.

La advertencia fue hecha por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente.

El funcionario señaló que se debe garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que forman parte del programa de protección.

De acuerdo con el funcionario, existen varias situaciones que enfrentan los esquemas de seguridad en relación con el mantenimiento del parque automotor destinado a la protección de personas que han sido víctimas de amenazas contra sus vidas.

En ese sentido, señaló que se debe atender de forma inmediata situaciones como fallas automotrices constantes, demoras en el mantenimiento de los vehículos, no hay vehículos de seguridad como sustitutos, cuando se requiere el mantenimiento de los que han sido asignados y hay retrasos en el sistema de pago de combustibles.

De la misma manera, indicó que la asignación para el combustible de los vehículos es insuficiente, no hay exención de pico y placa para los vehículos asignados en esquemas de seguridad, lo que impide las labores sociales en los territorios.

Para el defensor del Pueblo, estas situaciones, entre otras, afectan el ejercicio de los líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos.

Debido a la situación, demandó acciones urgentes de la UNP a nivel nacional, por el incremento de las afectaciones “en la prestación de la seguridad y los constantes reclamos de las lideresas y líderes sociales por la desprotección a la que están siendo sometidos, en detrimento de la defensa de los derechos humanos en todo el país. Ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida”.

“La falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz, de Indepaz, en lo que va corrido del año han sido asesinados 31 líderes y lideresas sociales y cuatro reincorporados de las Farc.