SEMANA: La sentencia de la Corte Constitucional que la obliga a rectificar una afirmación sobre la congresista Sandra Ramírez ha generado mucha solidaridad con usted y con las víctimas de las Farc. ¿Cómo termina el alto tribunal tomando esa decisión?
Diana Giraldo (D. G.): Todo arranca con una información que yo di en mi programa, que es 6 a.m. - 10 a. m. de Caracol Radio. Yo cuento que Sandra Ramírez anuncia que denunciará a un ciudadano que se llama Ariel Armel, porque él en redes sociales la llama “asesina y secuestradora”. Ella anuncia que lo va a denunciar en defensa de su buen nombre. Yo cuento esta historia y digo que recordemos que Sandra Ramírez, cuyo nombre real es Griselda Lobo, está acusada de ser la persona que le llevaba niñas a Tirofijo, quien era su pareja y el máximo comandante de las Farc, para que las violaran. Sandra Ramírez, a raíz de eso, interpone una tutela en mi contra.
SEMANA: ¿Cuáles son los argumentos?
D. G.: Ella señala que no hay una sentencia en su contra que la señale por estos delitos y que tengo que rectificar por su derecho al buen nombre. La primera instancia falla a mi favor, la segunda instancia falla a mi favor y la Corte Constitucional decide de oficio revisar esa decisión de las dos instancias. Por eso es que se emite este fallo.
SEMANA: ¿Qué decide la Corte Constitucional?
D. G.: La Corte Constitucional, cuando hace la revisión de este fallo, considera que yo falté a la verdad en dos aspectos. Lo primero, porque, según la Corte, no existen ni investigaciones abiertas ni condenas contra Sandra Ramírez y que por esa razón no puedo afirmar que es acusada de un delito y tengo que rectificar. Además, hace una cosa muy curiosa. Dice que no se le puede llamar Griselda Lobo, porque su nombre real es su nombre en la cédula, que hoy es Sandra Ramírez. Eso es muy llamativo del fallo. Sandra Ramírez era el alias de Griselda Lobo. O sea, ella nació y la bautizaron Griselda Lobo. Pero luego ella cuando entra en la vida civil, cambia su nombre y adopta el alias, que es Sandra Ramírez, como su nombre legal. La corte me sanciona en ese sentido y dice que no la puedo llamar Griselda Lobo.
SEMANA: La Corte, en la sentencia, hace un análisis también llamativo y es que dice que este tipo de afirmaciones contribuyen a los estereotipos que hay alrededor de los firmantes de la paz y los pone en riesgo. ¿Qué piensa?
D. G.: Es un fallo que abre unas puertas muy peligrosas y cierra otras puertas, para la libertad de expresión, también muy peligrosas. La Corte dice que no puede endilgarse ningún tipo de delito a Sandra Ramírez y no se le puede decir que es autora o responsable de ninguna de estas conductas, porque no hay condenas ni investigaciones en su contra. Esto es, para mí, una puerta muy peligrosa. La Corte dice que al señalarla como guerrillera, secuestradora o inculcarle algún tipo de responsabilidad es alentar el discurso de odio contra los firmantes de paz, pues ellos ya recorrieron un camino hacia la legalidad y que esas expresiones alientan la violencia. Para mí, la Corte está poniendo el derecho de los firmantes de paz, en este caso Sandra Ramírez, a no ser señalados por encima del derecho a las víctimas a contar su verdad y del derecho del país a la memoria. La Corte dice algo como “esto no se trata de que no hablemos de lo que pasó”, pero dice que tiene que hacerse claridad que todo eso ocurrió en el pasado.
SEMANA: ¿Es como un derecho al olvido para quienes fueron de las Farc? Porque hay claridad en que ellos, judicialmente, por el acuerdo de paz, no pagarán por sus delitos. Pero otra cosa es no poder siquiera recordarlos.
D. G.: Exactamente. Es que es una sentencia que impone la obligatoriedad de que exista una condena o una investigación contra los firmantes de paz para poder hablar de sus delitos, y no hay condenas. Entonces, como no hay condenas directas, en virtud del acuerdo de paz, nadie podría hablar de lo que pasó. Eso, para mí, es lo más duro y es el centro de esta sentencia. El fallo les está imponiendo a las víctimas una carga que ellas no tienen por qué soportar. Les está exigiendo a las víctimas que hayan denunciado o que hayan iniciado acciones legales para que sus testimonios sean creíbles y sean validados Recordemos una cosa muy importante en este caso, estas mujeres eran niñas de 11, 12 y 13 años. ¿Cómo les va a exigir eso la Corte Constitucional? Eran niñas, estaban desprotegidas, eran abusadas, estas personas les producían terror.
Las mujeres que han sido capaces de denunciar a los excombatientes de la Farc por estos crímenes, les han asesinado sus familiares, les llegan amenazas de muerte. Para mí, lo duro de esta sentencia no es que yo rectifique, eso es lo de menos. Es que les impone a las víctimas unas cargas de denuncia que no tienen por qué tener. Además, las está revictimizando una vez más, porque les está diciendo: “Sus historias no son creíbles, no son verosímiles, no tienen validez en este proceso de restauración de memoria colectiva, si usted no denunció y si no hay una investigación abierta.”
SEMANA: Las afirmaciones que usted hizo sobre Sandra Ramírez corresponden a varias entrevistas que usted ha hecho con las víctimas, especialmente con Deisy Guanaro, que cuenta exactamente lo que usted dijo: que cuando estaba en las filas de las Farc, reclutada a sus 12 años, Sandra Ramírez la obligó a desfilar frente a los comandantes. ¿Cómo llegó a esas historias?
D. G.: Ha sido un proceso muy duro. Primero, por constatar la cantidad de mujeres que hay víctimas, pero sobre todo el abandono absoluto en el que todas están. Yo llego a Deisy porque cuando hablé de los abortos y el abuso sexual en las filas de las Farc, ella me busca por redes sociales y me dice: “Yo quiero contar mi historia. Yo fui reclutada, yo fui abusada directamente por ella”. Me encontré con ella en Bogotá, la escuché y vi toda su documentación. Ella tiene todo lo que sustenta su relato: cuando fue rescatada por el ejército y pasó a bienestar familiar, cuando fue reconocida como víctima. Ahí me di cuenta que estaba diciendo la verdad. Después de que yo hablo con Deisy, ella me dice, “Hay muchas más niñas, que estaban en los hogares de bienestar”. Y yo le digo que yo quiero hablar con ellas. Son mujeres que nunca fueron indemnizadas, que no tienen subsidios ni ayudas y que viven con las secuelas de este dolor sin ninguna atención, ni médica y psicológica. Estas mujeres están tiradas. Ellas lo que más repiten es cómo es posible que los violadores estén en el Congreso con esquemas de seguridad, con toda la protección, y ellas en total abandono.
SEMANA: Esta discusión ha generado reflexiones que no se habían dado sobre esos casos. ¿Le parece, de alguna manera, positivo el debate?
Diana Giraldo: Yo me enteré del fallo por Sandra Ramírez. Ella hace un video diciendo que la justicia falló a su favor. Yo ni siquiera he sido notificada. Ella hace alarde en las redes y yo solo digo: esto no puede ser real. La Corte no me puede pedir que no se pueda hablar de un tema sin que exista sentencia, porque sencillamente no existiría el periodismo. Cuando yo veo eso, sentí un dolor enorme, un sentimiento de injusticia. Lo confieso: lloré de ver los mensajes que me escribieron las mujeres que me hablaron, de la impotencia de sentir su dolor. Se me obliga a rectificar el derecho al buen nombre. Es decir ¿cuál buen nombre? ¿Cómo va a tener un buen nombre una mujer que todo el mundo sabe que fue durante muchos años parte del grupo guerrillero más sanguinario que ha pasado por la historia de Colombia? Con el correr de las horas, cuando vi tantos mensajes de solidaridad y de personas diciendo que la paz no se puede hacer de esa manera, callando la voz de las víctimas, pues sentí que sí se puso sobre la mesa la necesidad de verdad y de reparación de ellas. Esas mujeres tienen derecho a contar su historia.