La trágica historia para la familia de Brayan Montaña Pulido, Mauricio y Juan Esteban Moreno, arrancó en febrero de 2017 cuando reportaron su desaparición en el sector de San Cristóbal, norte de Bogotá.
La información que los familiares entregaron sobre la desaparición de los tres adolescentes, entre los 14 y 17 años de edad, era que trabajaban como domiciliarios en un supermercado de la zona y usaban para eso un vehículo campero. El 27 de ese mes les encargaron una entrega y nadie volvió a saber de ellos.
Por más de dos años, la familia, la Policía y la Fiscalía estuvieron buscándolos, se ofreció recompensa, se ubicaron videos, se tomaron declaraciones y nada; a los menores, decían los vecinos, se los tragó la tierra.
No fue sino hasta mayo de 2019 cuando la Fiscalía y el grupo de exhumaciones de la entidad llegaron, gracias a un informante, hasta una zona boscosa, muy cerca del mismo lugar de la desaparición, y allí encontraron los cuerpos, que en ese momento estaban sin identificación.
En agosto de 2019, en medio de un operativo entre el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y el Ejército se logró la captura de Andrés Garzón Hilarión, ahora condenado por la desaparición y el asesinato de los tres adolescentes en el norte de Bogotá.
En el momento de la captura y judicialización, la Fiscalía aseguró que Garzón Hilarión incurrió en los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego, por ser el responsable, junto con otras personas, de amenazar a los menores, llevarlos a una zona apartada y asesinarlos con tiros de gracia.
“Los bajan violentamente, Fabián y otra persona tenían armas de fuego y así los despojaron del vehículo, allí los dominó, los mantuvo privados de su libertad, posteriormente llegaron otros dos coautores”, dijo la Fiscalía al momento de imputar cargos.
Un año después de su captura, Garzón Hilarión firmó un preacuerdo con la Fiscalía con el único objetivo de conocer rápidamente su condena. Lo que no esperaba era que el juez aceptara los argumentos de la Fiscalía, con la gravedad de los hechos, y lanzó una ejemplar condena en su contra.
“El fallo declaró al procesado responsable de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, y hurto calificado y agravado. Adicionalmente, le impuso una multa de 7.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La condena llegó a 43 años y seis meses de prisión, una ejemplar muestra de justicia en un caso que por años mantuvo a los amigos y familiares de los tres adolescentes asesinados, bajo la angustia de la impunidad. El hombre condenado permanece detenido desde agosto de 2019, o sea que apenas lleva un año de los 43 que tendrá que pagar en una cárcel.
“El 14 de diciembre, durante la audiencia preparatoria, la Fiscalía solicitó variar el sentido de la diligencia para, en su lugar, verbalizar un preacuerdo al que se llegó con el acusado y su defensor. En dicho preacuerdo, el acusado aceptó su responsabilidad, cuyo único beneficio era tasar la pena”, detalló la Fiscalía al explicar cómo se logró esta ejemplar condena.
La familia espera conocer también la condena contra los otros capturados en este caso y que se logre identificar si más delincuentes estuvieron detrás de este crimen.