“Allegar el expediente judicial del narcotraficante Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy”, así advierte un informe de la Fiscalía a los agentes de la DEA sobre la existencia de una investigación contra una organización narcotraficante dirigida, de acuerdo con el ente acusador, por el rector de la Universidad de La Guajira.
La insólita historia de un rector universitario, ejemplo de la comunidad educativa en el departamento, con un expediente judicial por narcotráfico, tiene nombre propio y lo entregó el presidente de la república, Abelardo De La Espriella.
Se trata de Carlos Arturo Robles Julio, que en los archivos de la Dirección contra el Narcotráfico de la Fiscalía aparece con el alias de Kaloy. El escandaloso expediente contra el rector Robles es enorme y buena parte está en poder de las autoridades de Estados Unidos, en una carpeta rotulada como “Cartel de La Guajira”.
Este cartel no es nuevo, ya tiene a varios de sus integrantes extraditados, incluso funcionarios públicos como Kevin Simón López, exsecretario de gobierno del municipio de Maicao. El rector, de acuerdo con el expediente que conoció SEMANA, sería el principal articulador de esta red criminal al servicio del narcotráfico.
“Este cartel estaría conformado por Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy, líder de la organización criminal y encargado de financiar las operaciones de tráfico de sustancias en cuanto a su compra y envío; usando como fachada su cargo de funcionario público, al ser rector de la Universidad de La Guajira”, advierten los documentos judiciales.
El proceso arrancó luego de la incautación de un cargamento de cocaína; los primeros capturados y extraditados empezaron a hablar, negociaron con la justicia de Colombia y Estados Unidos.
Así revelaron detalles de una red de narcos que aprovechó fachadas de funcionarios públicos, servidores judiciales y hasta miembros de la comunidad académica para completar una poderosa operación de narcotráfico sin ser detectados.
“Esta es una investigación de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico desde distintas ciudades del país como Bogotá, Medellín, Montería, Cumaral, Turbo, Apartadó, entre otras, con destino final hacia Estados Unidos y el continente europeo, la cual se encarga del transporte de la droga desde Colombia hacia México para el cartel de Sinaloa”, advierte el expediente de la Fiscalía.
Las declaraciones de testigos, incluidas en principios de oportunidad y acuerdos con el ente acusador, señalan cómo se configuró el entramado delictivo en el que, por primera vez en la historia de Colombia, aparece un rector universitario a la cabeza de un organigrama criminal en la Fiscalía: Carlos Robles.
Esos testigos se convirtieron en el material probatorio que la DEA acumuló y que la Fiscalía de Colombia compartió. Cuando SEMANA consultó al rector Robles, sin dudarlo respondió que no “tenía miedo” de presentarse ante la justicia de los Estados Unidos, como si se tratara de una cita médica en cualquier EPS.
La investigación comenzó en 2023 y hay media docena de procesados, algunos extraditados, los mismos que explicaron en detalle cómo fue que un rector universitario, según las declaraciones, terminó liderando una red de narcotráfico. Los testimonios son contundentes e insólitos.
“Aporta información sobre una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, que tiene como eje de operaciones a los departamentos de La Guajira y Norte de Santander, donde realizan la compra, transporte y despacho de la sustancia, la cual es enviada en aviones y lanchas rápidas con destino a los Estados Unidos de América”, advierten los documentos en poder de SEMANA.
El organigrama que construyó la Fiscalía incluye, además del rector Robles, a funcionarios públicos e incluso a familiares de narcos extraditados que estarían al servicio del rector en la Universidad de La Guajira. En la investigación aparece una funcionaria de la Fiscalía que, de acuerdo con el expediente, estaría comprometida con la fuga de información sometida a reserva y además tendría vínculos sentimentales con señalados capos de la región.
“Esta organización al parecer tiene contacto con personas del Cuerpo Técnico de Investigación de Riohacha, con la señora Diana Paola Sprockel, esposa del señor alias el Ruso, quien se encarga de suministrar información de operativos, investigaciones y demás hechos que sean importantes para tener a esta organización adelante de la justicia o de sus enemigos”, señala un informe de 287 páginas de la Fiscalía, en poder de SEMANA.
Recientemente, el presidente Abelardo De La Espriella en un evento en La Guajira pidió investigar presuntos hechos de corrupción que enredan al rector Carlos Robles. El mandatario dijo: “Aquí nadie tiene corona”. SEMANA conoció los detalles de esa investigación y la compulsa de copias que se anticipa como un nuevo proceso contra el rector.
Se trata de una denuncia por la compra de un predio donde terminó vinculada la Universidad de La Guajira y en un trámite presuntamente irregular, con cambios en los avalúos y los porcentajes que se incluyeron en el millonario negocio. El Ministerio de Educación solicitó a la Fiscalía una asignación especial para el caso.
“Con el propósito de procurar el avance de la actuación, bajó un criterio de priorización, teniendo en cuenta la relevancia de los hechos, objeto de investigación y la necesidad de propender por su pronto esclarecimiento”, señala la solicitud de la cartera de Educación.
Además de las compulsas de copias, hay memorandos con la DEA que advierten la importancia de esta red narcotraficante para los Estados Unidos y la necesidad de desarticularla. Incluso se conocieron nuevos capítulos de la investigación que anticipa hechos relacionados con el lavado de activos a través de establecimientos de comercio y lujosas propiedades.
“La DEA ha obtenido información de que esta organización delictiva tendría predios mencionados por la fuente como los lugares donde llevan a cabo las actividades comerciales que les permiten lavar los dineros provenientes de narcotráfico, también algunos que han sido comprados con dinero de estas actividades y serían utilizados para residencias de descanso”, señalan los memorandos que comparte la Fiscalía de Colombia con autoridades norteamericanas.
El rector Robles advirtió, en su momento, que se trataba de una persecución y señaló a funcionarios de la Fiscalía; insistió en que está listo para darle la cara a la justicia. Para esta edición, SEMANA lo volvió a consultar, así como a la funcionaria del CTI que aparece mencionada en el expediente. En ningún caso hubo respuesta.
La investigación contra el rector y las personas que aparecen reseñadas es escandalosa, una historia sin antecedentes en Colombia. Sin embargo, luego de tres años de investigación, de recolección de elementos de prueba, Carlos Robles continúa en su cargo; incluso fue reelegido para un nuevo periodo de cuatro años al frente de la Universidad de La Guajira, donde completa más de 14 años como rector.