El Gobierno De La Espriella reveló nuevos detalles de la estrategia con la que busca recuperar el control de las cárceles del país y evitar que desde estos establecimientos continúen coordinándose extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.
“Quien está privado de la libertad no puede seguir dirigiendo el crimen desde adentro”, señaló Miller Soto, vocero del Gobierno, al presentar la política, que incluye traslados de internos, mayores controles tecnológicos y financieros, fortalecimiento de la resocialización y nueva infraestructura penitenciaria.
Entre las primeras acciones, el Inpec ha trasladado a cientos de personas privadas de la libertad. Según lo informado por el Gobierno, 111 internos fueron reubicados desde Itagüí y cerca de 50 estuvieron involucrados en operaciones realizadas en Barranquilla.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que los primeros traslados en Barranquilla estuvieron acompañados de una reducción aproximada del 63 % en indicadores de criminalidad durante los primeros días.
Paralelamente, el Gobierno trabaja en mecanismos para bloquear comunicaciones ilegales desde las cárceles y rastrear movimientos financieros vinculados con delitos.
El Gobierno Nacional implementa una política integral para recuperar el control de las cárceles e impedir que funcionen como centros del crimen organizado.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 25, 2026
Por directriz presidencial y bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, se destacan las siguientes acciones:
Traslados… pic.twitter.com/rga5GgjzGS
Buque cárcel y sometimiento judicial
Uno de los proyectos que más llama la atención es el estudio de un buque cárcel para internos que requieran condiciones excepcionales de aislamiento.
También se evalúa la construcción de nuevos establecimientos mediante alianzas público-privadas y la instalación de un pabellón piloto de máxima seguridad en Girón.
A esto se suma el proyecto de sometimiento que el Ejecutivo llevará al Congreso. La propuesta, según lo explicado por el Gobierno, tendría una ruta judicial, sin estatus político, y contemplaría condiciones como la entrega de armas, información sobre las estructuras y sus economías ilícitas, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y entrega de bienes obtenidos ilegalmente.
El Ejecutivo también aseguró que la estrategia buscará fortalecer las denominadas cárceles productivas, con programas de trabajo y formación para reducir la reincidencia.
“La cárcel tiene que dejar de ser uno de los eslabones débiles del Estado”, sostuvo el Gobierno al señalar que su objetivo es impedir que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados como puntos de operación del crimen organizado.