Elecciones 2023: procuradora advierte que no permitirá que recursos destinados a programas sociales sean utilizados en proselitismo

Durante el primer foro de Avances del Proceso Electoral, convocado por la Procuraduría General de la Nación en Pereira, Margarita Cabello advirtió que el organismo de control va a estar vigilante para “evitar que los recursos públicos destinados a programas sociales sean utilizados para actividades de carácter político”.

De igual forma, la procuradora Cabello pidió a las diferentes instituciones involucradas en el proceso electoral que se articulen con el fin de lograr una protección de los recursos y evitar su uso en actividades proselitistas. Asimismo, le solicitó la ciudadanía que sean “veedores permanentes del proceso electoral e informen sobre situaciones puedan poner en riesgo el derecho al voto”.

La jefa del Ministerio Público también recordó que la entidad tiene la facultad constitucional de “indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso a los de elección popular”.

Durante la presentación del informe sobre el control y la supervisión de los procesos electorales en 2023 en el foro, la procuradora también informó sobre la emisión de la Directiva 007, que contiene recomendaciones en cuanto a la participación y controversias políticas, así como las prohibiciones en el proceso electoral. Asimismo, dio a conocer la Circular 003, que establece directrices para supervisar el cumplimiento de las “funciones públicas de regulación y aplicación de medidas policivas y sancionatorias que corresponden a las administraciones municipales y distritales”, en relación con la colocación y ubicación de la propaganda electoral exterior visual.

La procuradora Cabello, en su papel de presidenta de la Comisión Nacional Electoral, afirmó que las próximas elecciones serán más “complejas” debido a la participación de más de 120.000 candidatos que aspiran a cargos en las autoridades locales y corporaciones públicas. También destacó que el proceso incluirá tanto el sistema de listas abiertas como el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”.

De acuerdo con el Ministerio Público, la entidad continuará realizando el seguimiento preventivo y emitiendo directrices; por ejemplo, en contratación, restricciones de la Ley de Garantías, que inicia cuatro meses antes de la jornada electoral, y lo relacionado con los jurados de votación, los testigos electorales, la logística electoral, el desarrollo de la jornada electoral y los escrutinios.

Procuraduría vigila las elecciones regionales

Las elecciones regionales 2023 están a la vuelta de la esquina. Por eso, la procuradora general, Margarita Cabello, presidió la sesión de la Comisión Nacional de Control Electoral, en la que convocó en marzo pasado al registrador Nacional del Estado Civil y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer seguimiento a las acciones que están implementando como autoridades electorales, garantizando el derecho a la participación en la jornada de elecciones territoriales que se realizarán este año.

En la reunión, se hizo un llamado a la Organización Electoral del país para evitar la improvisación y así poder corregir los errores que se cometieron en las Elecciones de 2022.

“De manera preventiva debemos conocer qué correctivos se van a adoptar para evitar situaciones como las presentadas en las elecciones a Congreso de la República relacionadas con el pre-conteo, diseño de formulario de escrutinio de mesa (E-14), selección y capacitación de jurados de votación, y el escrutinio”.

La Procuradora advirtió sobre el aumento significativo en la inscripción de cédulas en algunos municipios del país, ya que reflejan una cifra que requiere un seguimiento, pues se supera el promedio de la tasa nacional por municipios, que es 9,69 inscripciones por cada mil habitantes. “Llama la atención la tasa de inscripción por cada mil habitantes de acuerdo con el censo electoral en los siguientes municipios: Puerto Gaitán (Meta), 105,51; La Jagua del Pilar (La Guajira), 98,80; Paya (Boyacá), 90,25; Juradó (Chocó), 67,55 % y Cabuyaro (Meta), 63,11″, dijo la jefe del ministerio público.

Cabello manifestó que no se puede hablar de alarmas, pues hay “casi 200.000 inscritos en todo el país, pero sí es importante que el seguimiento continúe para detectar tendencias anómalas en los procesos de inscripción de cédula”. Además, pidió una revisión permanente a partir de una herramienta de analítica de datos que ya está implementada y que genera las alertas correspondientes en tiempo real.

En la reunión hizo un llamado a la “colaboración armónica” y propuso hacer un esfuerzo interinstitucional para alcanzar tres objetivos: generar una directriz conjunta, donde se incluyan temas relacionados con el seguimiento a las campañas políticas, la prevención de conductas violatorias en materia de propaganda electoral, financiación política, y medidas para evitar cualquier forma de discriminación.