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La Fiscalía logró la captura de siete personas que convirtieron la sala de su casa en una empresa criminal dedicada a la falsificación de documentos.
La Fiscalía logró la captura de siete personas que convirtieron la sala de su casa en una empresa criminal dedicada a la falsificación de documentos. | Foto: Fiscalía

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En Barranquilla, delincuentes tenían su propia fábrica de cédulas

La Fiscalía logró la captura de siete personas que convirtieron la sala de su casa en una empresa criminal dedicada a la falsificación de documentos.

4 de julio de 2023

Delincuentes con antecedentes lograron evadir los controles de las autoridades migratorias, salieron del país y le hicieron conejo a la justicia de Colombia, lo lograron gracias a los servicios criminales de una organización que convirtió la sala de su casa en una empresa para falsificar documentos.

La Fiscalía logró la captura de siete personas que cumplían roles particulares en la empresa criminal y que tenían como clientes a otros delincuentes que buscaban salir del país, pero su historial criminal se los impedía. Los falsificadores tenían un catálogo de servicios ilegales para todo aquel que quería esconder su oscuro pasado.

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“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico, puso al descubierto la existencia de una estructura delincuencial dedicada a adulterar documentos de identificación nacionales y extranjeros; al igual que tarjetas débito y crédito de reconocidas entidades financieras”, explicó la Fiscalía.

Pero la falsificación de documentos de identidad no era lo único que estaba en el portafolio criminal de las personas ahora judicializadas por la Fiscalía. Los delincuentes también tenían la capacidad de falsificar tarjetas de crédito para estafar a entidades bancarias.

“Según la investigación, la organización ilegal estaría integrada por, al menos, siete personas que fueron capturadas por la Policía Nacional en dos inmuebles ubicados en los barrios Villa Campestre y La Delicias de Barranquilla”, señaló José Manuel Martínez director seccional de fiscalías en el Atlántico.

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Ante jueces de control de garantías, el fiscal a cargo de la investigación presentó todo el material probatorio en contra de los señalados falsificadores. Dicho material incluyó no solo toda la logística para conseguir la falsificación de los documentos, sino las declaraciones de personas y agentes infiltrados que lograron establecer el modus operandi de la organización criminal.

“Estas personas, al parecer, se encargaban de ubicar ciudadanos interesados en obtener cédulas de ciudadanía, pasaportes y permisos para conducir nacionales y extranjeros. Los documentos eran usados para salir del país hacia Estados Unidos o España”, explicó el director de Fiscalías luego de las audiencias.

Fueron varios los allanamientos que adelantaron la Policía y la Fiscalía para lograr no solo la captura de estas personas, sino también para recoger todo el material de prueba que presentaron ante el juez de control de garantías. Básicamente, con el material de prueba se argumentó la necesidad de mantenerlos en una cárcel por considerar a estas personas como un peligro para la sociedad.

“En diligencias de registro y allanamiento fueron incautadas 43 licencias para conducir vehículos en Estados Unidos, 8 cédulas de ciudadanía colombiana, 1 documento de identificación español, 52 tarjetas débito y 31 de crédito, 2 computadores, 7 celulares, 3 datáfonos y 2 impresoras”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía presentó el material de prueba para imputar los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, falsedad material en documento público agravada, y violación de datos personales agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados.

“Se trata de Carlos Andrés Martínez Blanco, Sebastián Felipe Alcina Flórez, Carlos Yunior Ovalle Suárez, Miguel Ángel Caballero Suárez, Harold Wilson Cantillo Herrera, Brando Alay Mejía Materon y Alexander Elías Reyes Prada”, señaló Martínez tras la conclusión de las audiencias.

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Con la captura de las personas, presuntas responsables de la falsificación de los documentos, lo que espera ahora la Fiscalía es establecer e identificar a las personas que pagaron por estos servicios. Incluso se tiene comunicación con autoridades de otros países para tratar de establecer su paradero.