El exgobernador del departamento de San Andrés Everth Julio Hawkins terminó metido en una investigación compleja en la Fiscalía que advertía posibles hechos de secuestro y extorsión. El ente acusador lo capturó y presentó ante un juez de control de garantías para advertir su presunta responsabilidad.
Luego de escuchar los elementos de prueba que presentó la Fiscalía, el juez lo dejó en libertad tras advertir que no era necesaria la medida de aseguramiento que solicitó el ente acusador, aunque otros señalaban que el exgobernador representa un riesgo para la sociedad, el proceso y los testigos del caso.
“La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra el exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su posible participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la Gobernación en la isla”, señaló la Fiscalía tras confirmar la judicialización del exgobernador.
A pesar de la decisión de dejar en libertad al exgobernador, la Fiscalía insiste en que los hechos materia de investigación son contundentes y advierten la presunta responsabilidad del exmandatario en las extorsiones a contratistas de la isla, a quienes les exigían hasta 3.000 millones de pesos para permitirles continuar con sus actividades.
“De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados, Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como Las Salsas Mexicanas para intimidar a las víctimas y obtener dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares”, dijo la Fiscalía.
El ente acusador reveló incluso las declaraciones de las víctimas, entrevistas tomadas por los investigadores en las cuales se advierte que familiares de los contratistas terminaron secuestrados para presionar el pago y de esa manera dejarlos en libertad y abrir las puertas para las actividades que desarrollaban.
“Hasta el momento, la investigación ha permitido documentar dos afectados, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de 3.000 millones de pesos. En uno de los casos, la presión, al parecer, incluyó la retención de una familiar, en Cartagena (Bolívar), con el propósito de presionar el pago”, explicó el ente acusador.
El exgobernador, ahora en libertad, seguirá atado a la investigación, mientras la Fiscalía presenta el escrito de acusación e insiste en el escenario de juicio en la responsabilidad que tendría en los hechos de secuestro y extorsión.