El presidente Abelardo De La Espriella ordenó poner la lupa sobre los negocios y movimientos que ha hecho Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, en San Andrés y Providencia. SEMANA rastreó los contratos que, en una revisión inicial, serían de interés para el Ejecutivo.
La controversia comenzó cuando el jefe de Estado enfrentó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y a la congresista en una visita a la isla este fin de semana.
Señalando a la parlamentaria, él dijo: “Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”.
Se trata de Norbert Vonblon Pomare, un reconocido empresario de San Andrés que, según testimonios conocidos por SEMANA, tendría protagonismo en las decisiones administrativas y políticas de ese territorio insular.
En los sitios oficiales del Estado, le figuran cuatro contrataciones entre 2018 y 2024 que suman 1.709 millones de pesos.
La más importante tiene que ver con una contratación directa para la compra de un predio en la ciudad, justificado en la “sentencia que declara el estado de cosas inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo wayuu”, de acuerdo con la información que reposa en Secop.
La Secretaría de Infraestructura le desembolsó a Vonblon Pomare el 24,29 % del valor total del contrato (7.000 millones de pesos) para la compra de un predio; es decir, 1.700 millones de pesos por el inmueble ubicado en el edificio Coral Palace.
El plan de la administración era adquirir esos terrenos para un “proyecto de construcción del alcantarillado pluvial del distrito 4”.
Frente a las dudas de los movimientos de este contratista en San Andrés, la Casa de Nariño solicitó una intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las denuncias sobre presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
“Se ha solicitado que las investigaciones sean coordinadas desde Bogotá, que se ejerzan los mecanismos de control preferente y excepcional, y que se conforme un grupo especial para investigar posibles redes de corrupción y evitar interferencias locales”, dijo Cristina Lombana, secretaria de la Transparencia del Ejecutivo.