La forma en que el presidente Abelardo De La Espriella presenta los resultados de operativos militares y de policía ha provocado apoyos y reparos, sin importar el debate; de acuerdo con expertos en derecho, el primer mandatario está facultado para hacerlo; otra discusión son los detalles de cómo lo hace.

Para los abogados consultados, la presentación de estos resultados constituye una facultad política del presidente de la república y no jurídica. Varios artículos no solo entregan esa facultad al primer mandatario, sino que advierten que al hacerlo no está violando o afectando los derechos de los procesados.
“No se atenta contra la presunción de inocencia, al buen nombre y a la dignidad; desde mi punto de vista, el presidente está haciendo un señalamiento político amparado en lo consagrado en el artículo 189 de la Constitución Política, que establece que el presidente es el encargado de velar por el orden público, incluso restablecerlo cuando se haya alterado o se haya perdido”, señaló el abogado Wilson Pulido.
Advierte el defensor que la misma ley permite la publicación de las órdenes de captura, incluso las fotos de quienes son buscados por la justicia; la forma en que lo hace el presidente Abelardo De La Espriella puede resultar polémica, pero no es ilegal, ni se puede atribuir un contexto jurídico al algo que claramente es político.

“Es una posición política no judicial. El artículo 298 de la ley 906 del año 2004, el Código de Procedimiento Penal, establece que se podrán exponer en los medios de comunicación las órdenes de captura en las cuales va el nombre de la persona, el alias, los delitos, la autoridad que ordenó la captura, entre otros detalles, y por qué no acompañarlos con una foto. Varios presidentes lo han hecho, no de la manera que lo hace el presidente Abelardo”, señaló el abogado.
La ley establece con claridad las circunstancias que podrían afectar los derechos de los procesados, lo que llevaría a un juez a considerar ilegal una captura, y en ninguna se advierte que las declaraciones o la exposición del presidente serían la causa o argumento a la hora de declarar la ilegalidad de las capturas. El abogado insiste en que esa exposición no afecta los derechos de los procesados, principalmente cuando la mayoría tiene un prontuario criminal.
“Para que una captura sea declarada ilegal por los jueces de la república, se deben incumplir los señalamientos o mandatos que establecen los artículos 297 a 303 del código de procedimiento penal y en el caso no hemos visto que nunca se afecten esas garantías y esas exigencias que establece la ley por ello considero que las apreciaciones o calificativos como presidente de la república no son otra cosa que su posición política”, explicó el experto.

Recientemente, un juez en Medellín compulsó copias en contra del presidente tras advertir que los señalamientos públicos en contra de los “ciudadanos” refiriéndose a los disidentes de las Farc, como alias Primo Gay, no le estaban permitidos y era necesario establecer responsabilidades del primer mandatario en esos señalamientos.
