La segunda semana de marzo será bastante movida para Ricardo Roa Barragán, el presidente de Ecopetrol, quien fue vinculado recientemente a dos procesos penales.
El 11 de marzo deberá presentarse para escuchar la imputación en su contra por las presuntas irregularidades que rodearon la compra de un apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en el norte de Bogotá, a un precio mucho menor al valor catastral.
En esta audiencia le imputarán el cargo de violación de topes electorales.
24 horas después, deberá asistir a otra diligencia judicial por la violación de los topes en la campaña Petro Presidente en el año 2022, en la cual fungió como gerente durante varios meses.
El 29 de noviembre de 2025, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) le impuso una sanción por participar directamente en la violación de los topes electorales, al no reportar casi 6.000 millones de pesos en el portal Cuentas Claras, trámite obligatorio.
En la decisión, se le ordenó a Roa devolver 165 millones de pesos del pago del Movistar Arena, en Bogotá, el 19 de junio de 2022, día de las elecciones en segunda vuelta. Para el CNE, el gerente cobró ese dinero mediante la reposición de votos, pero el día de los comicios ya se había acabado la campaña.
En dicha sanción, se le pidió a la Fiscalía General investigar penalmente a Ricardo Roa por “la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y fraude procesal”, delitos que sin duda le generarán un nuevo dolor de cabeza tanto a él como a la compañía.