Por reparto, la magistrada Myriam Ávila Roldán deberá resolver el incidente de competencias presentado por la defensa de Nicolás Petro Burgos, en la que pidió que el expediente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito pase a Bogotá para que sea conocido por un juez especializado.
En la audiencia celebrada el pasado 20 de noviembre, los abogados de Petro Burgos manifestaron que la mayoría de los hechos investigados se presentaron en la capital de la República, por lo que el complejo expediente deberá ser conocido por un juez de Bogotá.
La magistrada de la Sala de Casación Penal deberá resolver en los próximos días si la petición de la bancada de la defensa de Petro tienen asidero jurídico. Frente a esta petición, la Fiscalía y la Procuraduría ya pidieron que sea rechazada por considerar que los hechos se presentaron tanto en Bogotá como en Barranquilla.
Por lo que el expediente sí puede ser conocido por un juez especializado de Barranquilla. El fiscal Mario Burgos fue un poco más allá y aseguró que estas peticiones hacen evidentemente de una “maniobra dilatoria” por parte de los abogados de Nicolás Petro.
La magistrada Myriam Ávila Roldán es abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una especialización en Derecho Penal y un doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. En noviembre de 2021 fue designada como togada de la Sala de Casación Penal.
Se ha caracterizado por emitir conceptos favorables en casos de connotación nacional. Entre estos el de Omar Ambuila, el recordado exfuncionario de la Dian en el puerto de Buenaventura, requerido por una Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el lavado de activos.
De igual forma, recientemente, firmó el documento que le dio vía libre a la extradición de Sebastián Meneses, hijo del excomandante paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.
¿Por qué en Bogotá?
En su petición, el abogado Diego Henao Vargas manifestó que la misma Fiscalía General entregó la llave para que el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos sea trasladado a la capital de la República: “Consideramos que el factor territorial debe ser la ciudad de Bogotá”.
Esto, citando una frase del fiscal Mario Burgos en las audiencias preparatorias cuando aseveró que “los hechos” que se investigan “se desarrollaron tanto en la ciudad de Bogotá como en Barranquilla”.
“Este trámite que solicitamos de definición de competencias es el mecanismo que se presenta en casos de duda precisar de manera definitoria y perentoria cuál de los distintos jueces o magistrados es el llamado a conocer de la fase procesal de juzgamiento”, alegó el jurista.
En este sentido, señaló que, a su juicio, tanto en el escrito de acusación como en las previas a la acusación la Fiscalía General incurrió en un “error” frente a la definición de competencias en este expediente. “Estamos en presencia de un concurso de conductas punibles, entre los que están el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos”, los cuales se habrían presentado tanto en Barranquilla y Bogotá. “Hay una conexidad”.
Teniendo en cuenta que el delito más grave es el del lavado de activos, según indica el Código Penal, la defensa de Petro Burgos pidió revisar el lugar dónde se puso en marcha el supuesto plan y el movimiento de los dineros.
“La mayoría de los dineros que presuntamente fueron adquiridos, como bien lo deja claro el escrito de acusación, se dieron en la ciudad de Bogotá. Luego esos dineros fueron trasladados a Barranquilla, según la tesis acusatoria. No obstante, con esos mismos dineros, se realizaron distintas compras en al ciudad de Bogotá y eso habría servido para materializar los verbos rectores de ocultar y encubrir”, explicó el jurista.
En este sentido, manifestó que el delito más grave se ejecutó en la capital de la República “y eso no es gratuito” pues “en su momento la Fiscalía consideró que lo más pertinente era capturar en Barranquilla y trasladar a Bogotá porque entendía que eran los jueces de esa ciudad los competentes para la realización de las audiencias”.
Igualmente, señaló que la ciudad “en la que se presentaron el mayor número de delitos investigados” también fue Bogotá. “Estamos ante un solo lavado y un solo enriquecimiento, según la tesis de la Fiscalía, la comisión de los mayores número de hechos que constituyen esos delitos ocurrieron en la ciudad de Bogotá”.