En un acta firmada por la magistrada Diana Patricia Mojica se formalizó la orden de captura contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien enfrenta un juicio por su presunta participación en los hechos que rodearon el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El documento fue emitido después de que se dictara una medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria contra el exjefe de la cartera política.
El acta contiene los datos de identificación de Velasco, sus rasgos y su profesión, así como la información del proceso penal por el cual se ordenó su captura para que cumpla la detención en su domicilio en la ciudad de Cali.
En la orden de captura N.° 2026-001 se indica que el exministro enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Estos hechos, según consta en el documento, se presentaron entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
“Soy respetuoso de las decisiones, así no las comparta”. Así reaccionó el exministro Luis Fernando Velasco después de que se le impusiera detención domiciliaria. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/QmKpugNgBs
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 19, 2026
Velasco, quien estuvo privado de la libertad en un centro carcelario durante ocho meses, ha manifestado que nunca tuvo injerencia en estos hechos, que son materia de investigación.
Los millonarios contratos
Para la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, a mediados de 2023 los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían utilizado sus cargos de manera indebida para ordenar el desvío de millonarios contratos de la UNGRD y del Invías.
Esto con el fin de beneficiar a un grupo de congresistas que hacía parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que avalaran proyectos y reformas en los que el Gobierno Petro tenía gran interés.
Con la figura de los “cupos indicativos”, los ministros habrían avalado el desvío de contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), avaluados en $ 90.000 millones de pesos, para que fueran repartidos entre los congresistas.
En este punto de la investigación cobran especial importancia los chats entregados por la exasesora del despacho del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien conversó en varias ocasiones con senadores y representantes a la Cámara que pusieron sobre la mesa sus propuestas para convocar a la sesión y dar su voto favorable.
La Fiscalía General de la Nación también tiene copias de las minutas de las sedes de los ministerios, ubicadas a pocas cuadras del Congreso de la República, en el centro de Bogotá, así como videos de las recepciones en los que se registran las llegadas de varios congresistas.
Estas visitas, que no tendrían una justificación según el ente investigador, coincidieron con la instalación de sesiones en las que se iban a debatir las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno Petro.