Mucha tinta ha corrido desde hace varios años en medio del pleito jurídico por el megalote Meritage, ubicado en el municipio de Envigado (Antioquia), y en el cual se tenía planeada la construcción de un lujoso proyecto urbanístico.
Desde el primer minuto el proyecto ha estado en el ojo del huracán por cuenta de sus presuntos vínculos con capos de la llamada Oficina de Envigado, la banda criminal que se dedicó a homicidios selectivos, extorsiones, narcotráfico y una veintena de delitos más.
Debido a esta situación, el megalote entró a un proceso de extinción de dominio por parte de las autoridades colombianas, lo cual paró por completo el proyecto. Esto llevó a que uno de los representantes legales presentara una millonaria demanda ante los estados internacionales.
“En los documentos de tradición de dicho predio figuran allegados y miembros de la organización conocida como Oficina de Envigado. También, personas que a simple vista no tenían capacidad económica para adquirir un inmueble de tales circunstancias, entre las que se encontraba un vendedor ambulante de mangos de Envigado. Por último, personas jurídicas que no pudieron demostrar que actuaron de buena fe, exenta de culpa”, señaló en su momento la Fiscalía General.
¡Ganamos! Colombia se salvó de pagar 300 millones de dólares a un grupo de inversionistas que reclamaba ese dinero por un predio cercano a Medellín. La @AgenciaDefensaJ argumentó que 🇨🇴 tenía el derecho de confiscar el predio Meritage para evitar un posible lavado de activos. pic.twitter.com/3biwE1tcdz
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) June 27, 2024
En 2024, se rechazaron las pretensiones del inversionista y se negó el pago de los 300 millones de dólares que reclamaban.
Sin embargo, todavía quedaba un capítulo pendiente que esta semana tuvo su primer final.
Los inversores del proyecto Meritage Luxury, entre los que se encontraban la Sociedad La Palma Argentina, la Fiduciaria Corficolombiana y Royal Property Group, buscaban obtener de nuevo el control del predio, aseverando que lo habían obtenido de buena fe y con todos los trámites exigidos en Colombia.
Pues bien, el jugado primero penal del circuito especializado de dominio de Medellín, en una decisión de 117 páginas, tomó una trascendental decisión. “declarar la extinción de dominio sobre los bienes inmuebles” que estaban en disputa jurídica.
“Declarar la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios desmebraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o le uso del bien al que se le extingue el derecho de dominio”, señala el resuelve del fallo.
Debido a esto, “se ordenó la cancelación del embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo, dispuesto por la Fiscalía General al interior del proceso por la Fiscalía General al interior del proceso y frente a los bienes señalados (...) por lo cual se oficiará a la oficina de registro de instrumentos públicos de Medellín zona sur”.
Igualmente, se ordenó que se emita el certificado de “tradición” a “favor de la Nación”. Trámite que deberá ser adelantado por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
“Para ello, se ordenará oficiar por intermedio de la delegada a los registradores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín zona sur, con el fin de que se registre lo ordenado en este fallo”, indica la extensa decisión judicial.
La parte demandante podrá presentar un recurso de apelación en contra de este fallo, por lo que se puede decir claramente que el litigio judicial está muy lejos de finalizar.