La justicia no acogió las reclamaciones que estaban haciendo el jefe de Los Pachenca, Fredy Castillo Carrillo, y su hermano Evelio Castillo, sobre una presunta vulneración de los derechos fundamentales por parte del Estado colombiano.

El caso radica en una insólita tutela que radicó Castillo en la administración de justicia, en donde pedían la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y paz.
Tras una revisión de la tutela, el despacho del juzgado 70 de Bogotá tomó la decisión de no acoger los argumentos del jefe de Los Pachenca: “Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y paz solicitado por Carmen Evelio Castillo Carrillo y Fredy Castillo Carrillo”.
Dentro de las razones expuestas por el Tribunal, se señaló que: “El expediente no acreditó que la Presidencia de la República o el Ministerio de Justicia y del Derecho hubieran vulnerado los derechos fundamentales invocados”.

Así mismo, indicó el despacho judicial que “el reconocimiento como miembros representantes estuvo sometido a una duración expresamente vinculada al Espacio de Conversación Sociojurídico; las suspensiones de las entregas (extradición) fueron condicionadas desde 2025; y las decisiones de 2026 no se fundaron únicamente en la terminación del espacio, sino también en información relacionada con la ausencia de resultados verificables y concretos”.

La acción de tutela de alias Pinocho hacía referencia a las resoluciones 348 y 349 del 28 de 2026, proferidas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella y que representaron la revocatoria del reconocimiento a varios integrantes de la estructura armada organizada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
