Un posible caso de corrupción administrativa se habría presentado en Uribia, La Guajira, cuando la alcaldesa era Cielo Beatriz Redondo Mindiola. Para la Fiscalía, Redondo Mindiola sería la presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El caso tiene que ver con el presunto extravío de dinero para ayudar a comunidades indígenas de La Guajira en época de lluvias. “La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la exalcaldesa de Uribia (La Guajira), Cielo Beatriz Redondo Mindiola, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Junto a la exalcaldesa también fueron imputados algunos funcionarios de su administración (2008-2011) y particulares: el exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia, Camilo Manuel Polo González; el exsecretario de Gobierno de Uribia, Víctor Manuel Mejía, y la contratista Dailineth Torres Iguarán”, explicó la Fiscalía.
Además, señaló que “los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en las fases precontractual, ejecución y liquidación del Contrato 053 del 3 de diciembre de 2010, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayúu afectada por la temporada de lluvias”.
Según la Fiscalía, “el citado contrato, fijado en casi $50.000.000, buscaba mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vía terrestre, situación que generó una grave afectación para la seguridad alimentaria de niños, madres gestantes y adultos mayores”.
Sin embargo, dice el ente acusador, que el material de prueba demostraría presuntas anomalías como la elección directa del contratista, sin tener en cuenta los parámetros de la Ley 80 de 1993.
“No se hizo un censo del número de personas a beneficiar, ni se estableció la cantidad de mercados o los productos que los conformarían. Adicionalmente, se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y la posterior entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió”, añadió la Fiscalía.
Este caso de Uribia se suma al que presentó recientemente la Fiscalía, en donde anunció que fueron judicializados el exalcalde de Ataco (Tolima), su exsecretaria de Desarrollo Social y su exasesor jurídico por presuntos hechos de corrupción.
El ente acusador indicó que “con base en los resultados de las labores investigativas adelantadas por personal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Tolima, una fiscal adelantó audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde del municipio de Ataco (Tolima), Jaider Armel Ochoa Mappe, por presuntas irregularidades registradas en 2016 en la adjudicación de contratos por $213.118.000″.
“Los delitos imputados fueron peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, al igual que a María Alejandra Ortiz Montes, exsecretaria de Desarrollo Social, y Jesús Alberto Ramírez Sánchez, exasesor jurídico”, añadió el ente acusador.
Sobre el caso en particular dijo la Fiscalía que “los hechos materia de investigación tuvieron lugar entre julio y diciembre de 2016, periodo durante el cual la administración municipal contrató a la Corporación Superior para el Desarrollo Organizacional y Humano (Cordes), la cual para la fecha de los hechos estaba inactiva y sin recursos económicos ni logísticos”.
Aun así, añadió la Fiscalía, “le fueron adjudicados tres convenios y un contrato cuyo objeto era “Aunar esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y operativos para la realización de los eventos culturales, recreativos y de fomento al sector agropecuario en el marco de las ferias y fiestas de la vereda Polecito, del mencionado municipio”.