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Álvaro Uribe, José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Diego Cadena
Álvaro Uribe, José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Diego Cadena | Foto: SEMANA

JUSTICIA

Exclusivo: el documento con el que el magistrado Barceló mandó a Deyanira Gómez a grabar al abogado de Uribe

SEMANA conoció el auto firmado también por el actual presidente de la Corte Suprema, Luis Hernández y Fernando Alberto Castro. En este el alto tribunal pide que se “registre en audio el encuentro (la entonces pareja de Juan Guillermo Monsalve) con el penalista Diego Cadena”.

4 de abril de 2021

En el proceso que se seguía en contra de Álvaro Uribe en la Corte Suprema, hubo una persona que tuvo un papel fundamental: Deyanira Gómez. La médica, entonces pareja del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, fue encargada por ese alto tribunal de una labor judicial que terminó siendo fundamental para el caso. Los magistrados que llevaban el proceso --entre quienes se encuentra el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández y los juristas José Luis Barceló y Fernando Alberto Castro-- la enviaron a tener una cita con el abogado del expresidente Uribe y le pidieron grabarlo. Ese audio se convirtió luego en una prueba del proceso. Hernández fue objeto de una reciente controversia pues, a pesar de estar impedido para hablar en el proceso contra Uribe, aseguró en una entrevista que “es cuestionable que la Fiscalía haya hecho equipo con la defensa de Uribe”.

Vea el documento de la Corte Suprema

La cita a la que la Corte Suprema envía con una grabadora a Deyanira sucedió al frente del Palacio de Justicia, en el Dunkin Donuts, que queda justo en frente de una de las puertas de la alta corporación. Tanto Deyanira como Cadena han relatado su versión sobre ese encuentro que sucede apenas unos días después de la controvertida cita que tiene Cadena con Monsalve en la cárcel La Picota en la que se acordó que el testigo se retractataría de las declaraciones que había dado contra el expresidente Uribe. Ese día también acuerdan que esa declaración se hará en un documento y que este sería enviado a la Corte Suprema por su pareja, Deyanira.

La idea era que Cadena firmara una carta para enviar a la Corte Suprema de Justicia en la cual narraba que todo lo que había dicho del exmandatario no era verdad. Monsalve en efecto escribe esa carta de su puño y letra, pero al final le puso un párrafo en el que decía que esa declaración no era dada libremente. El documento fue enviado por Deyanira al alto tribunal y además del manuscrito del preso, ella adjunta unas grabaciones que este habría hecho a sus compañeros de celda en las que ellos le hablan del proceso de Álvaro Uribe.

Vea la carta de Deyanira a la Corte Suprema y la carta de puño y letra de Juan Guillermo Monsalve

Gómez y Cadena se hablan por teléfono y se ponen esa cita. Es Deyanira quien le marca a Cadena. La mujer se presenta y el abogado le dice que estaba esperando su llamada. La médica le cuenta que no ha podido radicar la carta pues está arreglando unos asuntos personales. Cadena le pregunta cómo van y ella contesta: “Hasta donde yo sé, este señor Hasche le indicó cómo debía hacer la carta, según las indicaciones que ustedes les habían dado, según los lineamientos que él debía, pues decir que el doctor Iván Cepeda lo había como inducido a que declarara contra el doctor Uribe y eso”.

Cadena inmediatamente la interrumpe y le aclara por teléfono: “Sí , siempre y cuando fuera la realidad y todo, eso lo hablamos personalmente, sino que es un tema muy polémico, muy delicado, y luego se puede prestar para que la Corte diga que fue manipulado o alguna cosa. Pero él me dijo; yo le dije haga la carta de su puño y letra y lo que usted tenga presente, los hechos reales de lo que sucedió, eso fue lo que se le pidió. Pero mire, yo le sugiero una cosa, mañana podríamos vernos, ¿qué le parece afuerita de la Corte cuando usted vaya?, dígame una hora y yo la espero ahí cerquitica”. Deyanira le dice que allá estará y le avisa a la Corte Suprema, quien la envía con una grabadora.

En su declaración ante la Fiscalía, el penalista Cadena narró su versión de lo que sucedió. Asegura que cuando ella le habla de la “carta que le exigen a su marido”, él se alerta. Sin embargo, al otro día asiste a la cita para “dejar las cosas claras”. Como ya tenía desconfianza en Deyanira, Cadena asegura que deja el celular en la mesa y la graba. “Y luego empieza el escándalo que todos conocemos”, agregó al fiscal. El abogado también aclaró que nunca presentó el escrito ante la Corte Suprema, pues se dio cuenta ahí que ellos estaban asegurando cosas que “faltaban a la verdad”.

Vea los documentos que Deyanira Gómez le entrega a la Corte Suprema, la carta de ella y el manuscrito de Monsalve

Deyanira también ha relatado lo que sucedió en ese encuentro. En una entrevista con Semana en Vivo el año pasado, la médica narra que “la Corte, con todo su sistema investigativo, coloca una grabadora en mi cuerpo para que en ese momento estuviera grabado toda la conversación que iba a pasar en ese momento con Cadena”. La expareja de Monsalve asegura que ese día le preguntó qué en concreto se le había planteado a Monsalve y Cadena respondió que “absolutamente nada” más allá de “colaborarle en la revisión”. La mujer cuenta que en ese momento “yo le digo ‘Doctor, usted me está diciendo mentiras’ y él dice que no son ningunas mentiras, que eso no fue lo que él le dijo a Juan”. Y que le dijo que ella no había radicado la carta, pero la verdad era que ya lo había hecho.

Deyanira Gómez es en este momento uno de los protagonistas más polémicos del proceso. Su propio abogado Héctor Romero reveló en la Fiscalía una faceta desconocida de su vida. La Fiscalía entrevistó al jurista el pasado 8 de febrero. Romero aseguró haber trabajado en varios casos de ella, mucho antes de que se conociera con Monsalve pues la conoce hace más de 15 años, pues él había sido abogado de su anterior pareja, un líder de las Farc condenado por delitos muy graves, entre ellos la toma de un pueblo y unos homicidios.

“Yo la distinguí hace como unos 15 años, por lo menos, por una circunstancia de un proceso penal. Fue el papá de la hija mayor de ella el que quería un abogado. Él estaba en unos procesos penales por homicidio. En este momento no me acuerdo el nombre del señor (...) Los delitos por los que lo estaban acusando fueron cometidos supuestamente como guerrillero, de las Farc, de los que trabajaban en la zona de Tolima. Después le llevé el proceso de sucesión del papá”, dijo Romero.

La mujer también es importante en otro episodio: la Finca la Veranera. En su testimonio en 2018 a la Corte Suprema, Gómez había relatado una versión sobre el origen de ese predio en el que vivían los papás de su expareja, Juan Guillermo Monsalve. Se trata de una propiedad de 20 hectáreas y 6.000 metros cuadrados ubicada en Apia, vereda Guarne (Risaralda). Compañeros de celda de Monsalve han dicho que la finca realmente fue un regalo que le dieron al testigo por su declaración en el proceso. Ella ha insistido que la compró con su dinero. El predio es hoy objeto de una investigación judicial en un proceso de extinción de dominio. Por cuenta de estos nuevos elementos, el expresidente Uribe ha asegurado que Deyanira hace parte de un enlace entre las Farc, Santos y el magistrado Barceló para hacerle daño.

La otra orden que dio la Corte Suprema para grabar a Álvaro Uribe

El auto en el que los magistrados mandan a grabar al abogado de Uribe no es la única polémica judicial del proceso contra el exmandatario. El mismo magistrado Barceló también firmó otro de los documentos más controvertidos del proceso: el auto que ordena “por error” interceptar al expresidente. Este hecho se ha convertido en uno de los argumentos sobre los cuales su defensa ha cimentado la idea de que en este alto tribunal no existían garantías.

El eje de ese debate tiene que ver con el hecho de que el número telefónico del exmandatario apareció, sin explicación alguna hasta ahora, en el expediente de otro proceso penal, el del congresista Nilton Córdoba, a quien inicialmente se le había ordenado la interceptación. SEMANA conoció el auto mediante el cual la Corte Suprema autorizó dichas escuchas que, al final, se mantuvieron por cerca de un mes en el número del expresidente.

El documento está firmado por el magistrado José Luis Barceló, quien en ese momento era el instructor del caso del parlamentario. Allí se dispone la interceptación de los abonados celulares del expresidente, con fundamento en otro documento firmado por los técnicos investigadores Clara Azucena López y Roque Julio Duarte y que queda consignado en el informe de policía judicial 11223286 / 11223287. En el auto, el magistrado Barceló le pide a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que “rastree y registre” todas las comunicaciones que se realicen por 90 días desde dos números celulares, a partir de ese día, el 7 de marzo de 2018.

El auto del magistrado se expide casi inmediatamente después de que ese informe llega a la Corte Suprema. En el documento se establece que este había sido radicado el mismo 7 de marzo de 2018, a las 11:30 am, y señala que en dos teléfonos se puede “obtener información de interés para la investigación, razón por la cual se solicita la interceptación de los mismos”.

En ninguna parte de estos dos documentos se señala que estos teléfonos pertenecieran al excongresista Nilton Córdoba, ni se afirma la razón por la cual se pudiera obtener información de interés para la investigación a través de su interceptación, como suele suceder en otras órdenes judiciales que buscan este mismo fin.

Hace unos años, cuando esta polémica tuvo lugar, el magistrado Barceló le había explicado a SEMANA cómo -según él- esos números telefónicos habían llegado a esa orden. “Efectivamente, se decreta la interceptación, se da la orden a Policía Judicial y estos, con el fin de buscar cuál es el número de contacto de Nilton Córdoba, buscan los procesos en el despacho de Gustavo Malo. Los investigadores del CTI indagaron en ese expediente por el contacto del número telefónico, vieron sendos documentos de citaciones a Nilton Córdoba y la dirección de la oficina del representante, un número telefónico celular, y efectivamente sobre ese número telefónico es que recae la interceptación”.

Esa versión ha sido rechazada desde el inicio tanto por el expresidente Uribe, como por su abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. Pero las críticas han crecido después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva de Álvaro Uribe.

En su entrevista con SEMANA, el exmandatario aseguró que existía “ilegalidad y premeditación” en el procedimiento que la Corte Suprema siguió no solo para obtener, sino después para avalar esas llamadas y trasladarlas a su proceso. "En la Corte no tengo garantías", agregó Uribe.

Los abogados del exmandatario cuestionan duramente esa interceptación y la tesis que sostuvo en su momento Barceló y que fue avalada por la Corte Suprema por medio de la cual esas interceptaciones se trasladaron al expediente de Uribe. Según el alto tribunal, se trató de un "hallazgo insuperable e inevitable" que llegó con información valiosa, por cuenta de ese cruce de números.

Para la defensa del exmandatario, esa casualidad es improbable. “Olvidémonos que el interceptado es Álvaro Uribe Vélez”, dijo Jaime Lombana en una entrevista con SEMANA. “La Corte ordena interceptar al representante Nilton Córdoba y alguien perversamente coloca en la orden el número del expresidente”, agrega.

Para ellos, además, no es posible que se hayan confundido los números de teléfono de Álvaro Uribe con los de Nilton Córdoba si los mismos se encontraban en la versión que ya había otorgado el excongresista en el despacho de Gustavo Malo.

El penalista afirmó en esa entrevista que la irregularidad fue confirmada tiempo después en el testimonio que entregó a la Fiscalía el analista Óscar Álvarez. Para Lombana, la forma cómo se interceptó al exmandatario fue “tramposa y malévola” y la Corte no solo “mantuvo esa ilegalidad, sino que además usó esas interceptaciones”.

El funcionario del CTI tuvo que rendir su versión de los hechos ante la justicia por cuenta de una denuncia que interpuso la misma defensa del exmandatario. En esa diligencia judicial, que se conoció hace apenas unas semanas, Álvarez relató datos que hasta ahora inéditos.

“¿Yo cómo iba a saber desde antes que el abonado era el señor Uribe Vélez?”, dijo en su testimonio. Según Álvarez, él comentó la situación a sus superiores una vez se dio cuenta de que la persona que estaba siendo escuchada no era el parlamentario, sino el exmandatario.

”Informé. No es A es B. Se informó al gerente del caso. Se informó a la autoridad competente”, señala. La gerente del caso era en ese momento la funcionaria Clara López. Y también, según él, estaba enterado el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Cortés. A pesar de eso, en la Corte Suprema no le pidieron suspender la interceptación.

El funcionario de la Fiscalía le preguntó a Álvarez cuánto tiempo pasó desde que escuchó que era el expresidente Uribe hasta que se paró esa interceptación. "Máximo fueron cinco días", aseguró el funcionario. Cuando le preguntan por qué dejó pasar tantos días, el funcionario del CTI contestó que estaba "esperando órdenes" de sus jefes.

SEMANA conoció hace unos meses la primera llamada que le hacen al expresidente. En esta, quedaría claro que la persona que estaba al otro lado del telefóno era el exmandatario. “Buenos días, Álvaro Uribe”, contesta el expresidente, quien esperaba la comunicación de una emisora para una entrevista.

“En línea están todos los cantaletosos. ¿Vale?”, le cuenta una mujer que Uribe identifica como Rubiela. Ella habla del programa Los Cantaletosos de la emisora comunitaria Violeta Estéreo. La llamada se habría realizado el 10 de marzo de 2018 y dura 12 minutos. Esta conversación siempre ha sido alegada por el expresidente como una evidencia de que era obvio que la Corte Suprema tenía que saber que este era su teléfono. El audio de la misma solo se conoció hasta hace unas semanas.

La Corte Suprema y la parte civil del proceso, el congresista Iván Cepeda, siempre han alegado la legalidad esas escuchas. "No es ilegal por la sencilla razón de que en principio se ordenó y así se dispuso interceptar una línea telefónica de Nilton Córdoba, y se cumplió con todos los protocolos que la ley y los reglamentos que se establecen para ese efecto", le dijo a SEMANA en su momento el magistrado Barceló.

Vea la explicación de José Luis Barceló

En una reciente entrevista a la periodista María Isabel Rueda, el congresista Iván Cepeda aseguró que la defensa de Uribe no tiene razón en esos señalamientos pues "esas grabaciones han sido declaradas por la Corte legales...Son legales, y revelaron hallazgos relevantes para la Corte".

Cepeda se refiere a que el alto tribunal decidió avalar esas interceptaciones en el proceso. La Corte Suprema en ese momento estaba viviendo un cambio interno. Para cumplir con la doble instancia dividió sus salas y entonces el caso de Álvaro Uribe pasó de la sala penal a una nueva llamada la sala de instrucción.

Los cinco magistrados que recibieron el expediente dejaron en firme la decisión de sus antecesores, al considerar que la práctica de pruebas se encontró "ajustada a la legalidad". "Se niega la solicitud de la exclusión probatoria impetrada por la defensa", dijeron en un comunicado de prensa al rechazar los recursos que habían interpuesto Lombana y Granados.

Por cuenta en gran parte de este episodio, Uribe y Barceló se han trenzado en durísimas críticas mutuas. El exmandatario ha dicho que el exmagistrado tiene "sesgo político" y lo ha señalado de elegir en las nuevas plazas de la Corte Suprema a otros abogados de la misma línea.

A su vez ha dicho una y otra vez que personas cercanas le hicieron saber que “el doctor Barceló, sin que yo supiera qué estaba pasando, le decía a periodistas que me iba a encarcelar (...) eso es gravísimo, yo tengo una denuncia penal".

En su entrevista con las periodistas Vicky Dávila y María Isabel Rueda le lanzó otra pulla. “¿Dónde están los magistrados auxiliares del doctor Barceló que hicieron esto? Están hoy en la JEP y están en el despacho de Rodolfo Arango, magistrado de la JEP, un hombre no solo contradictor mío en mi concepción ideológica y visión de país, sino una persona que me ha insultado muchísimo”, añadió.

A los pocos días, el exmagistrado, quien ya no está en la Corte Suprema porque se le acabó su periodo, le contestó. “Hay un país politizado que come cuento a ese discurso mentiroso traído de los cabellos. Ya es hora que se mande a recoger y se respeten las decisiones judiciales. Que comprendamos que somos ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos un poder judicial autónomo e independiente”, dijo.

Hasta ahora, la versión de la Corte Suprema es que el número errado salió del despacho de Gustavo Malo, el magistrado que fue suspendido de su cargo por el escándalo de Cartel de la Toga.

La historia de como llegó Uribe al proceso de Nilton Córdoba sigue siendo un misterio. Pero guarda una paradoja detrás. El proceso contra Nilton Córdoba se abrió por cuenta de las declaraciones del exfiscal Gustavo Moreno, una vez estalló el escándalo del ‘cartel de la toga‘. El parlamentario estaba enredado en dos expedientes que no estaban en el despacho de Barceló, sino en el de Gustavo Malo, el magistrado que también resultó salpicado por esa hecatombe y terminó por fuera de la Corte por esa misma razón.

Córdoba tenía allí una investigación por peculado por un contrato en la alcaldía de un municipio y otra por lavado de activos. Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción extraditado y quien fue abogado del congresista, aseguró que se pagó una suma de dinero cercana a los 200 millones para engavetar el expediente. Y por cuenta de esa revelación, a Córdoba le abrieron un tercer proceso, por cohecho, que estaba en el despacho del magistrado José Luis Barceló.

Fue en esa investigación que buscaba develar cómo opera la corrupción en la Corte Suprema que terminaron oyendo a Uribe. Según Barceló, la policía judicial pidió al despacho de Malo que le trasladara la información que tenía “de la línea que Nilton Córdoba usa de manera cotidiana”. El número que le pasaron a los investigadores de la Fiscalía fue el de Álvaro Uribe. La defensa del expresidente siempre ha pedido que estas escuchas sean declaradas ilegales y mantendrá esa postura ahora que el proceso está en la justicia ordinaria.

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