Exclusivo: la red de tráfico de libretas militares, donde hay dos coroneles capturados, buscaba ‘gomelos’ para cobrarles fuertes sumas de dinero

SEMANA conoció con fuentes del proceso cómo funcionaba la red de tráfico de libretas militares en la que se vieron involucrados oficiales activos, en retiro y civiles. En las últimas horas, fueron capturadas 14 personas, entre ellas dos coroneles activos del Ejército.

Entre los detenidos se encuentra el coronel Augusto Herbert Ruiz, quien había sido evaluado para general. Según fuentes del proceso, le fue frenado el ascenso por la investigación que se adelantaba. El último cargo de Ruiz fue como comandante de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga.

El otro coronel activo capturado fue identificado como Javier Andrés Barrero Chavarro, quien estaba en fase de entrenamiento en la base militar de Tolemaida y se había desempeñado como comandante del Batallón de Antinarcóticos en Caquetá.

De acuerdo con la investigación que encabezó la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, la red venía delinquiendo, al parecer, desde hace más de cinco años. En este periodo de tiempo, pudieron haber tramitado más de 11.600 registros de definición militar y, al parecer, más de 10.700 libretas militares para jóvenes de perfiles económicos altos.

Al parecer, en las diferentes unidades donde se encontraban los presuntos integrantes, la red se encargaba de perfilar a los jóvenes que llegaban bien vestidos, que estudiaban en colegios privados con buena reputación y a quienes venían con un perfil económico alto para ofrecerles el servicio de sacarles la libreta militar sin necesidad de prestar el servicio militar y no acudir a engorrosos papeleos a cambio de pagos entre los 2 y 38 millones de pesos.

Al obtener el dinero, de acuerdo con la investigación judicial, la red de la que harían presuntamente parte los coroneles activos, manipulaban el sistema de la plataforma Fenix de reclutamiento y allí cargaban los datos y documentación para que los ‘gomelos’ obtuvieran la libreta militar de segunda categoría.

La investigación, que completó 10 meses en esta segunda fase, arrojó que, al parecer, los coroneles, en su calidad de oficiales superiores, aprovechaban sus cargos para obtener la información de los jóvenes que buscaban resolver su situación militar sin prestar el servicio.

Con el presunto perfilamiento de los jóvenes, sabiendo cuáles tenían un nivel económico medio-alto, pasaban la información a los otros integrantes de la red para que los contactaran para tramitarles la libreta militar.

De acuerdo con la información que reposa en el expediente de las autoridades judiciales, por cuenta de las maniobras presuntamente ilegales de la red de tráfico de libretas, el Ejército habría dejado de recibir más de 22.000 millones de pesos, en los cinco años que aparentemente funcionó la organización.

Al conocer el daño patrimonial al Estado, las autoridades judiciales también iniciaron un proceso de extinción de dominio contra algunos integrantes de la red, decomisando 41 bienes, entre apartamentos, vehículos y sociedades que hasta el momento no han podido justificar. Estas tendrían un valor cercano a los 14.000 millones de pesos.

En contra de la red, las autoridades tienen más de 500 mil horas de audio; 150 elementos de prueba de las fases 1 y 2 cuentan con evidencia digital, búsqueda selectiva en bases de datos, auditorías, mensajes de texto, comunicaciones internas dentro de la organización, entre otras pruebas.

De acuerdo con fuentes, la red de tráfico de libretas habría logrado vulnerar los 32 controles internos que tiene el área de reclutamiento en el sistema en donde cargaba los datos de los jóvenes que pagaban por la libreta, y en algunos casos el documento plástico lo mandaban imprimir en un sitio clandestino que tenían en la ciudad de Medellín.

Dentro de los capturados también se encuentra un teniente activo, quien en la actualidad era el asesor jurídico del Ejército en el departamento de Boyacá. Los capturados deberán responder por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, uso abusivo del sistema informativo y falsedad en documento público.

Las capturas se registraron en Florencia (Caquetá), Medellín (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Tunja y Samacá (Boyacá), Cali y Palmira (Valle), Valledupar (César) y Villavicencio (Meta). Los detenidos son presentados ante un juez de control de garantías, quien deberá definir su situación jurídica.