El Ministerio de Ciencia le exigirá a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia) que reintegre los 20.483 millones de pesos que se gastó en un contrato entre 2019 y 2025. El argumento del Gobierno Petro es que no se demostró la ejecución de esos recursos con los soportes correspondientes. SEMANA revela el contenido de la decisión que promete un largo pleito legal.
A AvanCiencia, una organización privada dedicada a la gestión de la investigación, se le asignaron 6.369 millones de pesos para “administrar los proyectos de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Conciencias, orientados a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y al fortalecimiento de los programas de jóvenes investigadores e innovadores y ondas”.
Luego llegaron seis adiciones presupuestales: 19.037 millones de pesos para el componente de proyectos y 1.543 millones de pesos para la administración.
A fin de liquidar el contrato, el Ministerio de Ciencia requirió las pruebas de la ejecución de los 20.483 millones de pesos. Después de varias insistencias, la Asociación aportó un disco duro con 50 carpetas y 1.400 archivos con documentos contables y contractuales. Sin embargo, el Gobierno Petro alegó que no encontró los soportes “que pudieran verificar la adecuada ejecución de los recursos”.
Son varios los argumentos de esta cartera. Fuentes cercanas al equipo auditor le revelaron a SEMANA que en las carpetas no reposaría un solo documento o dato técnico de los productos entregados a la entidad como resultado del gasto realizado; además, que no se habría recibido información correspondiente a la vigencia de 2022, “lo cual genera un vacío documental relevante y rompe la trazabilidad del contrato”.
Los hallazgos del contrato
Con los archivos disponibles, el Ministerio de Ciencia interpretó que, si bien se desembolsaron 20.483 millones de pesos, el valor real ejecutado sería de 18.769 millones de pesos. Y que el mayor gasto se efectuó en honorarios de personal, actividades logísticas (como tiquetes de viaje, alojamientos y viáticos) y producción de eventos, correspondientes al 77 por ciento del presupuesto total (15.790 millones de pesos), “sin que exista soporte de los productos resultantes de estos gastos realizados por AvanCiencia”, según se le contó a esta revista.
Aunque el contrato tuvo una vigencia de seis años, se halló que el dinero se habría gastado mayoritariamente en 12 meses: 3.935 millones de pesos en 2020 y 6.140 millones de pesos en 2021.
El Ministerio de Ciencia, en cabeza de Yesenia Olaya, determinó que la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia deberá reintegrar los recursos al erario. En caso de que no se materialice la petición, el Gobierno está dispuesto a acudir a los órganos judiciales que sean necesarios para que determinen la responsabilidad del contratista.
En un documento interno de esa cartera se detalló: “Exhorta este Ministerio a la Asociación para que, en el marco de la liquidación, se reintegren los más de 20.000 millones de pesos que se le desembolsaron a la Asociación, toda vez que no han cumplido con el deber de soportar documentalmente la ejecución del recurso con productos y evidencias tangibles, como lo estipulaba el vínculo jurídico, y le señala, finalmente, que gastar no es sinónimo de ejecutar”.
En conversaciones con el contratista, antes de conocerse la posición oficial del Ministerio, se le dijo a SEMANA que la ejecución del proyecto se materializó con base en la norma y que así se demostraría ante esa cartera en diciembre de 2025. De momento, se prevé que la definición del reintegro de los recursos públicos podría quedar en manos de un juez de la República.