Aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido en que el control de las armas debe estar en poder del Estado, un documento secreto de Indumil, al que tuvo acceso SEMANA, amplía las oportunidades para que las personas se armen en el país.
El título del documento es claro: Ajuste en la política de precios de las armas de la defensa nacional por parte de Indumil. Allí el presidente de la entidad, el coronel (R) Juan Carlos Mazo, reconoce que es necesario reducir el precio de las armas en Colombia tras “la creciente necesidad de defensa personal, la dinámica de la demanda ciudadana (...) y la necesidad de mejorar la asequibilidad”.
En el documento, el alto oficial establece los nuevos precios de las armas que tendrían que pagar los ciudadanos a partir del próximo lunes 2 de marzo. Con estas nuevas reglas, los precios de las armas reducirán su valor de manera considerable. Son descuentos que van desde 1.500.000 pesos hasta los 4.500.000, aproximadamente, y de acuerdo con el poder del artefacto.
Los detalles
Con la nueva política de armas, los precios quedarán así: una pistola Córdova compacta, cuyo valor actual es de 7.022.509 pesos, bajará a 5.525.520, es decir, una reducción de 1.496.989 pesos. La pistola Córdova estándar tiene un valor de 8.063.748 pesos y bajará a 5.471.400, es decir, 2.592.348 pesos menos. Las dos son de fabricación nacional.
Las armas hechas en otros países tendrán mayor descuento. La pistola Smith & Wesson, de 8.912.244 pesos, pasará a 5.402.760, es decir, 3.509.484 pesos menos. La pistola Glock 19 pasará de 12.640.980 pesos a 6.535.320, o sea, una reducción de 6.105.660 pesos. Otra arma de gran poder, como la pistola CX P-07, está a la venta en Indumil por un precio de 8.474.400 pesos y tendrá un descuento cercano a los 3 millones de pesos.
En el rango de las escopetas, como la Hatsan calibre 12, la reducción será de 3.340.788 pesos. Otras armas, como la famosa pistola Beretta, que se conseguía en 11.692.296 pesos, Indumil la incluyó en su outlet y le aplicó un descuento de 4.496.976 pesos.
Esta variación de precios puede ser una oportunidad para quienes buscan acceder a este tipo de elementos letales. Los descuentos de Indumil, en la venta de armas de fuego, pueden llegar hasta casi el 50 por ciento.
El documento conocido por SEMANA está dirigido al nuevo comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva. En su exposición de motivos, luego de reconocer que existe una necesidad de ayudar a las personas a contar con medios de defensa, dice que la nueva política de armas se alinea en varios pilares.
Uno de ellos es la atención al cliente. “Al eliminar la dispersión de descuentos, se garantiza mayor claridad, equidad y confianza para los usuarios, fortaleciendo la percepción de valor y la relación con el cliente”. Otro pilar establece que, al estandarizar los precios, se facilita su integración en plataformas digitales, mejorando la trazabilidad, la analítica comercial y la experiencia del usuario en todos sus canales.
Asimismo, se añade que se pondrán en marcha mecanismos más eficientes para que el personal que quiera obtener un arma de fuego lo pueda hacer con mayor facilidad y mejores descuentos. “Con ello se garantiza que todo el proceso sea plenamente trazable, fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la seguridad en la administración de la información”, afirma el documento.
Allí se habla de un uso “responsable” de las armas, un decálogo que incluye también actividades deportivas y más equidad en los medios de protección. “Fortalecer el compromiso institucional con la defensa personal responsable, el fomento del tiro deportivo y el acceso equitativo de los ciudadanos a medios de protección regulados, mediante la implementación de un esquema comercial más eficiente, transparente y sostenible”.
En el documento, Indumil advierte que la entidad está “golpeada” en sus finanzas, justamente por los altos precios en la venta de armas en el país: “Se evidenció que la industria militar venía aplicando una estructura de precios alta, que en la práctica respondía a una lógica proteccionista (...) Este enfoque, si bien favorece la producción nacional, generaba distorsiones en el mercado, desincentivando la productividad, la eficacia y la competitividad”.
En diciembre de 2025, el presidente Petro les ordenó a las Fuerzas Militares tomar medidas drásticas para evitar que las armas de fuego queden en manos de civiles.
“Debe disminuir al máximo la venta de armas a los civiles, eso tiene que desmontarse, almirante”, le ordenó en su momento el presidente Petro al entonces comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.
Petro argumentó que la venta de armas a los civiles facilita la conformación de grupos criminales. Además, entregó cifras que demuestran cómo habría 60.000 armas de fuego perdidas. “Sesenta mil, como para armar un ejército (...) y están por ahí matando soldados”, señaló el mandatario.
Bajo esa misma mirada, las armas en poder de civiles no serían el único problema. Está el caso de las municiones de Indumil que caen en manos de estructuras criminales como el ELN. Incluso, en los últimos días se descubrió una fábrica de explosivos en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Allí los investigadores encontraron abundante munición con el rótulo de Indumil.
La nueva directriz de venta de material bélico no tiene freno. Indumil, en sus redes sociales, lanzó una campaña en la que anuncia que habrá una reducción en el precio de las armas de fuego.
Por su parte, desde la academia se plantean varios riesgos que traería la decisión. De acuerdo con el doctor en ciencia política y profesor universitario de criminología Ervin Norza, darles acceso a las armas a los ciudadanos en países latinoamericanos genera grandes riesgos como un incremento de homicidios en los hogares, aumento de casos de justicia por mano propia y suicidios.
“En Colombia, el 79,6 por ciento de los homicidios el año pasado ocurrieron con armas de fuego”, dijo el académico.