SEMANA conoció que la Procuraduría General de la Nación declaró fallida la conciliación extrajudicial con el teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, exjefe anticorrupción de la Policía Nacional, contra el Ministerio de Defensa Nacional y la institución a la que perteneció por más de 25 años, luego de que las entidades convocadas no manifestaran ánimo conciliatorio durante la audiencia realizada este 29 de julio de 2026.
Luego del agotamiento de este requisito de procedibilidad, el coronel retirado podrá ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la nulidad del acto mediante el cual fue retirado del servicio activo de la institución policial.
De acuerdo con la constancia expedida por la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos, Mora Cortés presentó la solicitud de conciliación el pasado 8 de mayo de 2026 contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En sus pretensiones, el oficial en retiro solicita “que se declare la nulidad de la resolución No. 000898 del 19 de febrero de 2026, ‘Por la cual se retira del servicio activo a un oficial superior de la Policía Nacional’, (…) bajo la figura de llamamiento a calificar servicios”.
El coronel retirado pidió que “se ordene a la entidad demandada dejar sin efectos jurídicos la resolución referida, disponiendo una plena rehabilitación administrativa, laboral y profesional en favor de mi cliente, como si la determinación administrativa nunca hubiera existido”.
De igual manera, pidió el reintegro del tiempo de servicio, el reconocimiento de diferencias salariales y prestacionales, el pago de emolumentos dejados de percibir, la entrega de condecoraciones que asegura habría obtenido y el restablecimiento pleno de sus derechos de carrera.
En medio de esta diligencia, la Procuraduría dejó constancia de que durante la audiencia virtual celebrada este 29 de julio “la conciliación se declaró fallida ante la ausencia de ánimo conciliatorio de las entidades convocadas”.
SEMANA conoció que entre las pruebas que sustentarán la acción judicial se encuentra la documentación oficial mediante la cual la propia Policía Nacional lo seleccionó para representar al Estado colombiano en los Estados Unidos, autorizándole una comisión oficial para cursar estudios de maestría en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), antigua Escuela de las Américas, en atención a su trayectoria, méritos y desempeño profesional.
Sin embargo, mientras adelantaba dicha comisión académica en representación de Colombia, la administración decidió darla por terminada anticipadamente, ordenar su regreso al país y, posteriormente, retirarlo del servicio activo.
El coronel en retiro, en el año 2025, recibió un reconocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entregado por el entonces secretario de Estado Antony Blinken, por su liderazgo en la lucha contra la corrupción.
La defensa precisó que lo ocurrido se da como un hecho particularmente relevante que, entre su designación para representar oficialmente a Colombia en el exterior y la expedición del acto de retiro, el coronel Mora no desempeñó cargo alguno en territorio nacional, circunstancia que, en su criterio, deberá ser valorada por la jurisdicción contencioso administrativa.
El coronel retirado estuvo a cargo durante cinco años del Área Anticorrupción de la DIJIN, llevó investigaciones de connotación nacional, entre ellas actuaciones relacionadas con el caso UNGRD, investigaciones por presuntos hechos de corrupción atribuidos al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
Del mismo modo, coordinó el apoyo de policía judicial brindado a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia durante el allanamiento practicado, en octubre de 2025, al hoy Ministro del Interior, Armando Benedetti.
El equipo jurídico de Mora señaló que su salida de la Policía Nacional se dio en medio de la salida de varios funcionarios que estaban investigando presuntas irregularidades del gobierno del presidente Gustavo Petro. Insisten en que hubo una desviación de poder, pero la última palabra la tendrá el juez que asuma el caso.
De prosperar las pretensiones de la demanda, el Estado podría ser condenado a declarar la nulidad del acto de retiro, restablecer los derechos del coronel Jorge Alexander Mora Cortés y asumir el pago de una cuantiosa indemnización por los perjuicios ocasionados.