Exministro Luis Carlos Reyes denuncia que gobierno Petro redujo su protección; es testigo en escándalos de esa administración

SEMANA habló en exclusiva con el exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre las graves amenazas que ha venido sufriendo en su contra y en contra de su familia, tras decidir ser testigo en graves casos de corrupción y contrabando.

Lo más delicado del asunto es que, pese a esa colaboración que estaría brindando a la justicia, el exfuncionario denunció que en el fin de la era Petro la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo el esquema de seguridad.

El actual director de la entidad, Didier Blanco, ya tomó cartas en el asunto para proteger a uno de los principales testigos en varios casos claves de corrupción en Colombia: el saqueo a la UNGRD, los recomendados de la Dian y los procesos que avanzan contra el zar del contrabando, conocido con el alias de Papá Pitufo.

SEMANA: ¿Cómo han sido las amenazas que se han venido dando en su contra y contra su familia?

Luis Carlos Reyes (LCR): Algo que recientemente reporté a la Fiscalía y a la UNP fue una situación en la que, estando yo en la sala de mi casa, una noche con mi esposa y mis hijos, a través de la ventana entró un rayo láser que me apuntó primero en la frente, después en el pecho y luego a la cabeza de cada uno de mis hijos.

Inmediatamente, llamamos a la UNP. Vino la Policía a hacer una indagación sobre lo ocurrido y, en este momento, todavía se están esclareciendo los hechos después de que la Fiscalía ordenara que así se hiciera. Pero, realmente, incluso después de esto, se tomó la decisión en la UNP de continuar reduciendo la protección que yo había venido recibiendo en términos de seguridad desde mi salida del cargo.

Esto genera preocupación ya a un nivel personal por mi seguridad y la de mi familia, en el contexto, entre otras cosas, de que pronto tendré que testificar. Soy testigo no solo en este caso (Papá Pitufo), sino en otros casos relacionados con redes de contrabando, redes criminales y otros asuntos en la política que son bien conocidos.

SEMANA: ¿Qué respuesta le han dado desde la Fiscalía frente a esta grave amenaza que usted denuncia en el seno de su hogar?

LCR: Realmente, la Fiscalía dio la orden de que se investigara, pero no se ha avanzado mucho desde entonces. Desafortunadamente, en Colombia estas cosas son lentas. No ha empezado una investigación en forma y, mientras tanto, sí hay un riesgo de daño irreparable, sobre todo si se continúan reduciendo las medidas de seguridad con las que contamos en este momento.

SEMANA: Ante estas delicadas amenazas que usted denuncia, ¿ha pensado en tomar medidas más estrictas como, por ejemplo, salir del país?

LCR: Es una opción que está sobre la mesa. Yo no quisiera, realmente. Tanto mi esposa como yo consideramos que esas son decisiones familiares. Consideramos que en el país tenemos que poder vivir quienes estamos haciendo las cosas bien, dentro de la legalidad, y que no se le puede dejar el país a los criminales y a quienes infunden miedo y amenazan.

Nuestro deseo es poder permanecer aquí, pero, obviamente, la decisión que tomemos tendrá que tener en cuenta que tenemos tres hijos menores de edad y que también esas son luchas un poco difíciles de dar si no se cuenta con la protección necesaria del Estado.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la disminución de su esquema de seguridad?

LCR: Siendo yo director de la Dian, teníamos un esquema de seguridad bastante grande. Al salir del Ministerio de Comercio, teníamos ocho hombres de protección y dos vehículos. Eso se ha venido reduciendo, pero la última decisión de la UNP al respecto, tomada en las últimas semanas del gobierno anterior (Petro), fue reducirnos a dos hombres de seguridad y un vehículo blindado, manteniendo, en principio, esas medidas de protección que me cobijaban no solo a mí, sino también a mi esposa y a mis hijos, es decir, al núcleo familiar.

Sin embargo, hay una realidad física y es que, incluso fuera de la casa, todas esas personas, siete personas en un carro, no caben. Entonces, nos veríamos en la obligación de decidir entre que estuviera protegido yo o que estuviera protegida mi familia, y esa es una decisión imposible de tomar.

Nosotros apelamos esa decisión y presentamos un recurso de reposición que, ya durante la administración actual, fue negado, reconociendo la gravedad de, por ejemplo, esta circunstancia que les acabo de narrar.

Pero diciendo que la decisión que nosotros estábamos buscando reponer se había tomado con base en situaciones anteriores, entonces tocaba volver a iniciar un nuevo proceso de evaluación para esto que nosotros estábamos reportando. Y la realidad es que los procesos de la UNP toman meses, pueden tardar medio año y, mientras tanto, existe la posibilidad de un daño irreparable.

Tengo que decir que el actual director de la UNP, el doctor Didier Blanco, conversó conmigo muy amablemente y me dijo que iban a buscar tomar medidas más ajustadas a la realidad de seguridad que nosotros tenemos. Entonces, agradezco esas palabras del director Didier Blanco.

Es una situación que mantiene a mi familia sumamente inquieta hasta que no se concrete eso.

SEMANA: ¿Cuáles son los casos en los que usted se ha convertido en testigo clave?

LCR: Dos casos importantes de corrupción en los que, desde el interior del Gobierno, yo fui el primero en denunciar los hechos. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como el escándalo de la UNGRD, yo lo puse en conocimiento del presidente (Petro) durante un consejo de ministros en diciembre de 2023.

En ese momento, de hecho, fue una publicación de la revista SEMANA que hablaba sobre lo que llamaban las tensiones al interior del Gobierno. El titular que ponía era que yo estaba acusando al exministro de Hacienda, (Ricardo) Bonilla, de estar repartiendo mermelada. Pues yo hice lo que uno debe hacer: reportar ante su superior jerárquico toda potencial irregularidad de esto. Yo no volví a saber hasta que ya se hizo público el problema a principios del siguiente año, en 2024.

Por otro lado, cosas que también denuncié en su momento, siendo director de la Dian, y posteriormente reiteré, la primera vez ante la fiscal general de la nación y la segunda ante la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Instrucción, acerca del presunto tráfico de influencias por parte de congresistas que pedían cargos, sobre todo en aduanas de la Dian, y que recomendaban hojas de vida de personas que posteriormente, incluso, algunas de ellas resultaron vinculadas con la estructura criminal de Diego Marín (alias Papá Pitufo), la persona en cuyo juicio la Fiscalía menciona que yo voy a testificar pronto.

Algunos de los políticos conectados con esto incluyen a Armando Benedetti (exministro del Interior de Petro) y a Roy Barreras (exembajador en el Reino Unido). Esos son los dos principales casos en los cuales yo he testificado y sigo siendo testigo, relacionados con actos de corrupción.

SEMANA: Es decir, por los recomendados de la Dian, donde aparecen supuestos emisarios de Pitufo, es que usted termina testificando en ese caso...

LCR: Así es. Yo he testificado ya durante la recolección de evidencia en este caso, en cuanto a Diego Marín (alias Papá Pitufo), y también ante la Corte Suprema acerca del presunto involucramiento de distintos políticos, como Roy Barreras, Armando Benedetti, el exsenador Jairo Castellanos y otros, en estas redes criminales de contrabando.

También he testificado ante el Consejo de Estado en el tema de la pérdida de investidura, la llamada ‘muerte política’ de Roy Barreras, por tráfico de influencias en la Dian. Entonces, han sido bastantes casos. Debo mencionar también los relacionados con el reparto de cupos indicativos de la UNGRD y de Invías, también ante la Corte Suprema, que involucran a múltiples personas sumamente poderosas y que tienen bastante que perder si la justicia las encuentra culpables en estos casos.

El exministro Luis Carlos Reyes vinculó con el caso de los recomendados de la Dian a Armando Benedetti, exministro del Interior, y Roy Barreras, exprecandidato presidencial. Foto: Ministerio del Interior/Semana.

SEMANA: ¿Qué le ha dicho la Fiscalía frente a esas posibles vulneraciones a su seguridad justo cuando está colaborando con la justicia?

LCR: Desde luego que lo he mencionado a la Fiscalía. Incluso, desde que yo era director de la Dian, traje a colación que, al salir de ese cargo, pedía que se me facilitara la seguridad correspondiente. También, más recientemente, por ejemplo, el episodio que les narré es algo que inmediatamente referí a la Fiscalía, que tiene una investigación abierta por amenazas en mi contra. Entonces, sí, las autoridades siempre han sido notificadas.

SEMANA: Usted se refirió a Roy Barreras, ¿qué opina de que el exsenador diga que, cuando lo comparó a usted con Messi y habló de “partirle las piernas”, se trató de un consejo amable?

LCR: Me parece muy diciente que ahora esté reconociendo que él dijo eso, porque, en efecto, lo dijo. En su momento, en las primeras declaraciones que dio cuando se hizo público esto, lo primero que dijo fue que él nunca diría una cosa de ese estilo, que qué comentario tan mafioso era ese.

En efecto, utilizando las palabras del expresidente Roy Barreras, es un comentario muy mafioso y nada tiene de consejo amable. Creo que esa primera percepción que manifestó él mismo es la única interpretación que tiene sentido de sus palabras, dado el contexto en que se dieron.

SEMANA: ¿Ha sufrido más amenazas?

LCR: Con respecto a las amenazas, pues ya pierde uno la cuenta de comentarios, sobre todo en redes sociales, pero, desde que fui director de la Dian, también a veces llegan insinuaciones a través de tal persona que uno conoce y que potencialmente tiene cercanía con esos círculos criminales. Son cosas de ese estilo: “Lo vamos a picar en pedacitos a usted y a su familia”. Ese lenguaje que, tristemente, está un poco normalizado en el día a día de quienes hemos hecho estas denuncias, pero que, por eso, no es menos escalofriante.

SEMANA: ¿Teme hoy por su vida, doctor Reyes?

LCR: Sí, claro, por la mía y la de mi familia. Estas cosas, mi esposa y yo las miramos con mucho estoicismo y, sobre todo, con la convicción ética de que las denuncias que hice eran lo correcto y de que tenemos que hablar y testificar ante la justicia sin dejarnos intimidar. Pensamos que es nuestro deber ético como ciudadanos y como cristianos.

Tenemos esa tranquilidad de que, en últimas, todo lo que ocurre, ocurre por un propósito mayor, pero nada de eso quita que, en efecto, sabemos que es una situación de amenaza contra nuestras vidas y la de nuestros hijos. Obviamente, nosotros no querríamos estar pasando por esa situación, sobre todo por nuestros tres hijos pequeños.