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Expresidentes de Reficar se defienden tras condenas en su contra por presunta corrupción

Los dos condenados señalaron que no se les respetó el debido proceso.


Este jueves –18 de agosto– el país conoció las condenas de un juez Penal del Circuito de Bogotá, en contra de Felipe Castilla Canales y Orlando José Cabrales, expresidentes de la Refinería de Cartagena en la época del escándalo que rodeó a esta compañía, quienes deberán pagar 5 años y cuatro meses de prisión cada uno.

Con esto se empiezan a imponer sanciones contra los presuntos responsables del megaescándalo de corrupción conocido como el ‘caso Reficar’ que, en criterio de la Fiscalía, fue sin precedentes en el país, ya que se perdieron más de 600.000 millones de pesos en contratos por actividades que nunca se realizaron.

Para el juez Penal del Circuito, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad que tendrían los dos expresidentes de la refinería en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y por eso los condenó, y en el caso de Felipe Castilla se ordenó la captura inmediata y reclusión en un centro carcelario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario.

“Resuelve abstenerse de resolver de fondo la solicitud de extemporáneo de nulidad presentada por los abogados defensores de conformidad con lo expuesto en esta sentencia y condenar a Orlando José Cabrales y a Felipe Castilla Canales por delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, contemplado en los artículos en calidad de coautores”, señaló el juez.

Luego de conocerse esta sentencia, Cabrales Martínez y Castilla Canales se pronunciaron al respecto, asegurando que aún quedan varias instancias más para demostrar que no tuvieron nada que ver con este desfalco y que acudirán a ellas mediante la apelación de la sentencia conocida hoy.

En lo que respecta a Orlando José Cabrales, su defensa manifestó que una vez producido el sentido del fallo, y antes de proferirse la sentencia, planteó una nulidad por violación de garantías fundamentales, puntualmente por violación al debido proceso durante el desarrollo del juicio oral y la práctica probatoria, la cual le fue negada en la sentencia por razones formales que no comparte, sin examinarse el fondo de la misma.

“Esperando que el Tribunal de Bogotá, después de un análisis juicioso de las pruebas practicadas en el juicio, revoque la decisión de primera instancia, puesto que se acreditó más allá de toda duda que Orlando José Cabrales Martínez cumplió con la normatividad legal vigente, así como con los manuales de contratación de la entidad y que en ningún momento con su actuar omitió algún requisito o buscó favorecer al contratista Foster Wheeler, y, por el contrario, siempre propendió por el interés general y el beneficio de la entidad Reficar que representaba”, señalaron por medio de una comunicación a la opinión pública.

Entre tanto, para el caso de Felipe Castilla también se destacó que hubo claras violaciones al debido proceso, puesto que “quedó debidamente acreditado, mediante registros de audio y video, que el juicio se adelantó en múltiples oportunidades, sin dirección ni presencia de un juez”.

“Estas claras irregularidades fueron presentadas a través de petición de nulidad en un momento procesal pertinente, contrario a lo que se establece en la sentencia (...) Considero que las razones que fundamentan la sentencia condenatoria no reflejan lo sucedido en juicio, donde quedó más que demostrada mi inocencia, como incluso manifestó el señor procurador al solicitar la absolución”, dice la carta firmada por el mismo expresidente de Reficar.

Aunque la pena es la misma para los dos exdirectivos de Reficar, solo en el caso de Orlando José Cabrales el juez permitió que la condena la pagara en detención domiciliaria por razones de salud, mientras que en el caso de Felipe Castilla se ordenó de manera inmediata su captura con el ánimo de enviarlo a un centro de reclusión.

La Fiscalía logró demostrar, en estos más de cuatro años de diligencias, la responsabilidad que tendrían los exdirectivos en los millonarios hechos de corrupción que incluso fueron advertidos por la Contraloría en un monto superior a lo que se estableció al inicio de la investigación. Las condenas se convierten en decisiones de suma relevancia en un proceso que, se advertía, podría quedar en la impunidad.