Uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos tiempos es el de “Las Marionetas 2″, denominado así porque el mecanismo de corrupción era similar al implementado por el fallecido exsenador Mario Castaño que, en su momento, también se llamó así. En esta ocasión los salpicados fueron el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Pierre García, y los congresistas Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto y Ciro Ramírez.
Este último, el senador Ramírez, uno de los principales implicados, y quien está detenido en la cárcel La Picota, mientras es investigado por la Corte Suprema de Justicia, decidió salpicar a quien supuestamente articuló los contratos que se direccionaron entre Proyecta Quindío y el DPS, uno de los principales hechos por los que se le acusa.
El señalado fue justamente quien era el gobernador de Quindío para la época de las irregularidades denunciadas: Roberto Jairo Jaramillo, quien incluso habría sido quien le dio vida a la empresa industrial y comercial de la gobernación Proyecta Quindío.
“Gracias al gobernador de esa época, exgobernador Roberto Jairo Jaramillo, con una gestión que hizo en Bogotá, en las oficinas del DPS, se sacó adelante estos proyectos. Ahí está quien sacó los reditos políticos y yo sigo en la cárcel”, afirmó el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.
El congresista que está respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que “quien armó Proyecta Quindío fue el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo, él trasforma la Secretaria de Vivienda y lo transforma en Proyecta, una empresa industrial y comercial del departamento en la que el gobernador es el presidente de la junta directiva”.
Las marionetas 2
La Fiscalía explicó que se direccionaron contratos del DPS, en especial los destinados al llamado Proyecta Quindío, por más de 48.000 millones de pesos, repartidos en 27 subcontratos que dejaron ganancias ilegales por más de 1.000 millones, repartidos entre los funcionarios involucrados y los congresistas.
De acuerdo con la investigación, la oficina en el DPS de García Jacquier era constantemente visitada por los senadores para “cuadrar” la entrega a dedo de los millonarios contratos. Él, según el expediente, daba el visto bueno y decía qué congresista tenía que ser el beneficiario. Así se habría creado una red que presuntamente se quedó con la contratación.
El modus operandi parece clonado del que puso en marcha en su momento Mario Castaño y fue descrito esta semana con claridad por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Jacquier. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.