El excongresista Efraín Torrado fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación, en Bogotá.
El exsenador del Partido de la U fue sentenciado a ocho años de prisión por su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El dirigente político fue hallado culpable por la celebración irregular de contratos por montos millonarios en la capital de la República.
En el fallo, emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se encontró que el entonces senador, pese a su cargo, controló el tema de la contratación en la Secretaría de Integración Social durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
Las pruebas documentales y testimoniales permitieron inferir que, entre los años 2008 y 2011, mediante “el grupo empresarial Torrado”, que estaba controlado por familiares y amigos del dirigente político, se celebraron contratos y convenios con el objetivo de suministrar la canasta alimentaria de familias y personal en vulnerabilidad social.
En resumidas cuentas, el senador tuvo participación en la celebración de esos millonarios contratos. Pese a que por su cargo estaba impedido para llevar a cabo tales acciones.
Por las afectaciones generadas, se ordenó el pago de una multa de 28.146 millones de pesos a favor del Distrito por concepto de indemnización.
En el fallo de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia le negó al exsenador la prisión domiciliaria.
“Sin embargo, se concedió la suspensión de la ejecución de la pena”, señaló el alto tribunal mediante un comunicado.
Esto debido a la edad del excongresista, que actualmente tiene 77 años. Para esto, deberá prestar una “causación prendaria” de un salario mínimo legal (es decir, dos millones de pesos) y la suscripción de un compromiso con la administración de justicia.
En contra de esta decisión, la defensa del exsenador podrá presentar un recurso.
En la decisión se impuso una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 109 meses y una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes.