Así como unas estadísticas confiables y un banco central independiente son “bienes colectivos”, así también tener unas finanzas públicas sostenibles y transparentes es igualmente un “bien colectivo” que beneficia a toda la comunidad.
Infortunadamente, las finanzas públicas que entrega el 7 de agosto el Gobierno Petro están destrozadas, con lo cual se le ha causado un daño supremamente grave a toda la sociedad colombiana.
Los datos que acreditan el estado calamitoso en que la improvisación y descuido culposo de la administración Petro han sumido a la Hacienda pública están ampliamente documentados.
Terminaremos el año 2026 con un déficit probablemente superior al 8 por ciento del PIB. Un guarismo apenas comparable al que registraba Colombia al finalizar la guerra de los Mil Días.
Igualmente, el endeudamiento público está desbordado y registra cifras superiores al 60 por ciento del PIB, superiores, inclusive, a las que se registraron durante la pandemia.
En los últimos meses se ha registrado también una orgía contractual que, según Transparencia por Colombia, arroja una cifra pasmosa de cerca de 100.000 contratos celebrados atropelladamente, gran parte de los cuales se han firmado sin que mediara siquiera un concurso de proponentes, sino mediante contratación directa o a dedo.
La calidad de las cifras fiscales y su opacidad llevan a que el nuevo Gobierno reciba unas finanzas públicas rodeadas de un manto de incredulidad y desconfianza por la comunidad internacional.
Por todo lo anterior, una de las primeras y más importantes tareas que habrá de asumir el nuevo Gobierno será la de poner orden y restablecer la viabilidad de las finanzas públicas, que, tal como las entrega el Gobierno Petro, y de no mediar correctivos profundos, llevarían al colapso de dichas finanzas en breve tiempo y probablemente a la insolvencia del Estado colombiano.
Cuatro son las prioridades del timonazo fiscal que tiene que hacer el Gobierno de Abelardo De La Espriella desde la primera hora. Y es importante anotar que debe ser “desde la primera hora”, que es cuando el Congreso aprueba medidas dolorosas para alcanzar bienes superiores. A partir del segundo año, como ha sucedido siempre, las cosas en el ámbito parlamentario se ponen mucho más difíciles.
Las cuatro prioridades de la reconstrucción fiscal del país son, a mi entender, las siguientes:
Primera, transmitir a la ciudadanía desde la primera hora, cosa que ya ha comenzado a hacerse, mensajes rotundos y contundentes de austeridad y de moderación en el ritmo infernal de gasto público desfinanciado que ha marcado la administración Petro. El anuncio de cierres de embajadas y consulados fue un buen abrebocas de las consignas que habrán de seguir en esta dirección.
En segundo lugar, el Gobierno entrante –tal como ya lo ha anunciado el ministro de Hacienda designado– debe aprovechar el primer mes de gobierno para presentar y explicarle al país en qué consiste su “plan de ajuste fiscal”. Que seguramente contendrá medidas dolorosas, pero que es ineludible afrontar.
En tercer lugar, a partir de septiembre, el Gobierno entrante ha anunciado que presentará a consideración de las cámaras una nueva reforma tributaria, archivando el estrambótico proyecto presentado por la administración Petro a pocos días de terminar su mandato.
Esta reforma tributaria tendrá que cambiar el equivocado rumbo conceptual que le imprimió la administración Petro al sistema fiscal. No puede ser un proyecto para seguir persiguiendo al sector privado elevando las tarifas, ni para continuar golpeando a los contribuyentes de siempre. Sino que debe marcar la consigna de que la lucha fiscal en adelante es contra la evasión, contra la elusión y contra la miríada de costosas exenciones y privilegios tributarios que hoy en día asfixian el Estatuto Tributario colombiano.
En cuarto lugar, y también en este segundo semestre de 2026, el nuevo Gobierno deberá buscar el archivo del proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 que deja presentado el Gobierno saliente y sustituirlo con un proyecto de presupuesto propio que refleje las imperiosas necesidades de morigeración en el gasto y las prioridades del nuevo Gobierno, las cuales deberán estar acordes con el plan de ajuste fiscal que se presentará en las primeras semanas.
Como puede verse, los primeros meses de la nueva administración serán especialmente exigentes en materia fiscal. Para sacar adelante al país de la lamentable situación en que el Gobierno saliente entrega las finanzas públicas, se necesitará una gran muñeca política que no solo explique el programa fiscal con aplomo para que sea aceptado por la ciudadanía, sino con firmeza, de tal manera que se le logre dar un timonazo a la Hacienda pública nacional coordinadamente con el Congreso a fin de evitar que caigamos por el precipicio de la insolvencia nacional.
No será nada fácil. Pero hay que lograrlo: en ello nos va la vida de la sostenibilidad fiscal a toda la comunidad colombiana.
*Exministro.