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Fiscalía descubre “casa de torturas” en Nariño. Dos fundaciones para la rehabilitación de jóvenes con adiciones terminaron convertidas en centros de tortura en Ipiales, Nariño.
Fiscalía descubre “casa de torturas” en Nariño. Dos fundaciones para la rehabilitación de jóvenes con adiciones terminaron convertidas en centros de tortura en Ipiales, Nariño. - Foto: Fiscalía

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Fiscalía descubre “casa de torturas” en Nariño

Dos fundaciones para la rehabilitación de jóvenes con adiciones terminaron convertidas en centros de tortura en Ipiales, Nariño.

Seis meses de investigación permitieron la captura y judicialización de nueve personas, presuntos responsables de actos de tortura en contra de algunos jóvenes que, supuestamente, eran beneficiarios de una fundación dedicada a la rehabilitación de adicciones. Los capturados son los fundadores y empleados de la fundación, los mismos que según la Fiscalía castigaban a los jóvenes con choques eléctricos y hasta los obligaban a tomar orines como forma o tratamiento para curar las adicciones.

La Fiscalía investigó y descubrió una serie de vejámenes que dejaban a los jóvenes como víctimas de toda clase de torturas bajo la excusa de estar en un proceso de rehabilitación integral, por el que incluso los familiares de las víctimas pagaban mensualidades, costos de la manutención y del tratamiento supuestamente curativo.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir con fines de tortura; fraudulenta internación en asilo, centro médico o establecimiento similar; y actos de discriminación. Ninguno aceptó su responsabilidad, pero aún así el juez los cobijó con medida de aseguramiento.

“Se trata de los hermanos Jaime Alberto y Álex Andrés Benítez Benavides, conocidos con el alias Los Pájaros; Maira Isabel Medina Guerrero, Luis Guillermo Jajansoy Juajibioy, Herlandy Ferney Yama Coral, Héctor Fabio Villa Anama, Diana Carolina Vallejo Jaramillo, así como los también hermanos Edinson Martín y Daisy Elizabeth Ruano Cabrera”, señaló la Fiscalía tras conocer los resultados de las audiencias preliminares.

La investigación concluyó que los actos de tortura arrancaron en enero de 2020, cuando se creó la fundación, y se extendieron hasta noviembre de 2021, cuando el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI llegó hasta la vivienda en la que ocurrian las torturas escondidas bajo la fachada de tratamiento médico.

“Las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco del municipio de Contadero (Nariño), creadas por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol”, explicó la Fiscalía

En el curso del proceso se pudo confirmar que los hermanos y líderes de la fundación no tenían autorización para ejercer lo que ofrecían a través de tratamientos de rehabilitación. Incluso las personas encargadas de los tratamientos no contaban con los estudios, ni siquiera eran profesionales en las áreas más básicas para este tipo de actividad: sicología, fisioterapia o enfermería.

Las torturas

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y con el relato de las víctimas, los empleados de la fundación y supuestos expertos en los tratamientos de rehabilitación, torturaban a los jóvenes y explicaban que era parte del programa para recuperarse.

Los golpeaban con tablas, “les aplicaban choques eléctricos con pistolas taser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y tomar su orina como bebida, consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes, y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento”.

Los hermanos Benítez Benavides no solo torturaban a los jóvenes, de acuerdo con la Fiscalía, además les exigían a los familiares el pago de mensualidades y hasta la entrega de productos para su manutención, pero que nunca eran entregados a las víctimas, terminaban en manos de los empleados de la fundación.

“Cabe anotar que los 97 pacientes que estaban en dichas organizaciones fueron rescatados con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Personería, y entregados a sus familiares”, explicó el ente acusador.

Adicionalmente, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo casos de violencia sexual en contra de las víctimas, pues algunos manifestaron hechos que necesariamente requeiren ser investigados.