Un ataque ocurrido durante un evento político generó alarma y la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes de una estructura delincuencial conocida como “Los Toyotas”, señalada de hacerse pasar por disidencias de las Farc para cometer delitos en zonas rurales de Meta y Cundinamarca.
Actividades investigativas dejaron en evidencia el actuar ilegal de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los Toyotas’, señalado de ingresar de manera violenta a fincas, hurtar elementos de valor y vehículos de gama alta. La Fiscalía judicializó a 12 personas que se habrían… pic.twitter.com/O89OoKkVyt
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 7, 2026
De acuerdo con las investigaciones, el grupo ingresaba de manera violenta a fincas, intimidaba a sus ocupantes con armas de fuego y los retenía mientras los obligaba a entregar dinero y bienes de valor. Entre los elementos hurtados figuran joyas, dinero en efectivo y vehículos de alta gama, que posteriormente eran comercializados o desmantelados.
Las autoridades señalaron que los hechos investigados se habrían registrado en municipios como San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio, en el departamento del Meta, así como en Medina, en Cundinamarca.
Los elementos probatorios recopilados indican que algunos de los vehículos robados eran vendidos a estructuras armadas ilegales, mientras otros eran desguazados y comercializados en talleres clandestinos ubicados en distintos sectores de Villavicencio.
En los casos conocidos, ejerciendo diferentes roles ilícitos, habrían entrado a los inmuebles ubicados en zonas rurales, intimidado con armas de fuego y retenido a los ocupantes.
La captura de los presuntos integrantes de la organización se realizó en una operación conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó el procedimiento y avaló la imputación de cargos.
A los procesados se les atribuyen delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y extorsión. Ninguno aceptó los cargos, y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.