Este viernes, la Fiscalía General compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la congresista del Pacto Histórico, Martha Peralta, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La compulsa se presenta pocos días después que la Fiscalía mencionara en varias oportunidades el nombre de Martha Peralta en el direccionamiento de tres contratos de obra pública que tuvieron un valor de 92 mil millones de pesos.
Durante la imputación de cargos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, se citaron las reuniones y conversaciones que sostuvieron con la senadora Peralta.
“Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y los contratistas de inversiones IRL SAS, propietarios de maquinaria amarilla, quienes registraron su ingreso a la Unidad como provenientes del Senado”, detalló la fiscal del caso.
"La verdad no siempre es el camino más seguro". Así fue el acto de perdón de Olmedo López tras la nueva imputación de la Fiscalía por el escándalo de corrupción de la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6EIbdWLbYs
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 18, 2025
En ese encuentro, según revelan las pruebas, se acordó “tramitar un negocio jurídico a cargo de la Unidad para el mantenimiento, cuya ejecución requería el empleo de maquinaria amarilla y direccionarlo”.
En esa misma diligencia judicial resultaron salpicados los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes habrían tenido una activa participación en el desvío de contratos.
“El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi, por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”, detalló la Fiscalía en la imputación de cargos.
Luego, la fiscal fue más allá y lanzó los nombres de congresistas que buscaron los contratos en la UNGRD y en que, de acuerdo con las investigaciones y los testigos, se habían pactado coimas en favor de contratistas y funcionarios públicos. Se trata de contratos que superaban los 35.000 millones de pesos.
En septiembre de 2024, SEMANA reveló una serie de chats sobre la forma como se direccionaron los contratos de obra destinados a los municipios de El Salado, Saravena y Cotorra, que ascendieron a 92 mil millones de pesos.
El contrato de Cotorra, en Córdoba, tenía el objetivo de hacer obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral del drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta el casco urbano, por un costo de 50.000 millones de pesos.
El contrato de El Salado, en Bolívar, buscaba la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento. El convenio tenía un costo de 12.356 millones de pesos.
Por último, en Saravena, Arauca, el contrato por 30.000 millones de pesos tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba.
La cúpula de la UNGRD ya se comprometió, por medio de sus abogados, a entregar todas las pruebas sobre el desvío de estos tres contratos, lo cual terminaría salpicando a varios dirigentes políticos, funcionarios del Gobierno Petro y empresarios.