El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la cancelación de visados para un grupo de ciudadanos colombianos y sus núcleos familiares.
Entre las figuras sancionadas destacan el empresario Euclides Torres —propietario de un conglomerado en los sectores de energía e iluminación— y la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyu, perteneciente al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
De acuerdo con el comunicado emitido por el portavoz Thomas Piggot, la lista de personas cobijadas por la revocatoria de visado en Colombia incluye también a los siguientes exfuncionarios:
- Edwin Palma, exministro de Minas y Energía.
- Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
- Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad y Equidad.
Alcance internacional de la lista de restricciones
La medida adoptada por la Administración estadounidense no se limita a Colombia, sino que abarca a personas de otros países firmantes de la alianza regional.
La nómina de sancionados incluye a miembros de otras naciones sudamericanas como Bolivia, Ecuador y Perú, entre los que se encuentran altos mandos policiales, fiscales, empresarios y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima.
Esta acción coordinada responde a los acuerdos suscritos durante la Cumbre de Doral y ratificados en la declaración de líderes de la iniciativa del 22 de septiembre.
El plan contempla la aplicación de sanciones conjuntas y restricciones de viaje contra personas señaladas de incurrir en actos que vulneren la gobernanza democrática o la seguridad en el hemisferio.
Criterios del Departamento de Estado para la revocatoria
El Gobierno de Estados Unidos fundamentó la cancelación de las visas en la política de combate contra la corrupción y el crimen organizado en la región.
La normativa restringe el ingreso de ciudadanos extranjeros y sus familias directas cuando se determine que sus actuaciones atentan contra gobiernos democráticos mediante actividades delictivas o narcotráfico.
Con la publicación de este listado, el Departamento de Estado busca impedir la libre entrada a territorio estadounidense a las personas vinculadas a estas investigaciones.
Las autoridades norteamericanas enfatizaron que mantendrán la coordinación financiera y judicial con los países miembros del bloque para hacer efectivas las restricciones establecidas.