En conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación tomó posesión de 39 bienes con el objetivo de confiscarlos, ya que se cree que pertenecen a una organización que se dedica a importar grandes cantidades de contrabando.
Las propiedades afectadas incluyen 19 inmuebles urbanos y siete rurales, cuatro vehículos, seis empresas y tres establecimientos comerciales, ubicados en diversas partes del país.
Estos bienes tienen un valor preliminar de 231.000 millones de pesos, y se sospecha que fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de la importación de textiles y otros insumos de países como China, Indonesia, India, Singapur, Vietnam, Estados Unidos, Panamá y Perú, a través de empresas ficticias.
Según las investigaciones de la Fiscalía General, los productos de contrabando se almacenaban en diferentes lugares de Antioquia y Valle del Cauca, y luego se distribuían a otras ciudades del país para ser utilizados en la fabricación de prendas de vestir, que se vendían a nivel nacional e internacional.
Los bienes confiscados quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), después de que un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusiera medidas cautelares sobre ellos.
Propiedades incautadas a alias Jhon 40
Géner García Molina, alias Jhon 40, se quedó sin nada. En total, fueron diez inmuebles rurales, tres urbanos y un establecimiento de comercio los que fueron ocupadas con fines de extinción de dominio por medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. Además, le incautaron 2.153 reses.
En la investigación del ente acusador quedó en evidencia que los bienes, avaluados en más de 25.800 millones de pesos, “habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas desarrolladas en Lejanías, Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada y otros municipios de la región del Ariari, en Meta”.
Las propiedades estaban ubicadas en los municipios de Orocué, en Casanare; Cimitarra, Santander, Tenjo y Suesca, en Cundinamarca; Chinchiná, Caldas; Villavicencio, Guamal, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Puerto Lleras en Meta.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que “el origen de las propiedades corresponde a recursos obtenidos de secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico. Por ello fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”.
Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encargará de la administración y disposición de los mismos.
Afectados también bienes del Clan del Golfo
En otro operativo liderado por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio en diciembre pasado, fueron afectados 12 bienes, avaluados en 1.200 millones de pesos.
Las propiedades, explicó la dirección especializada, están representadas en un inmueble urbano, seis vehículos, una sociedad, dos establecimientos de comercio y dos productos financieros, los cuales habrían sido obtenidos con recursos provenientes de actividades narcotraficantes. Las diligencias de ocupación se cumplieron en Apartadó, Antioquia.
Según la investigación del ente acusador, “estos activos pertenecerían a una red criminal señalada de pagarle al Clan del Golfo para que le permitiera mover cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores de frutas y otros productos tipo exportación que salían de Urabá con destino a España, Francia, Bélgica y Holanda”.
Otro operativo contra esta red criminal, en agosto de 2018, le fueron incautados a la organización dos grandes alijos en Europa. Señalaron las autoridades que se trataba de 3.477 y 4.019 kilogramos, respectivamente.