Home

Nación

Artículo

Santiago Uribe - Foto: Fotomontaje SEMANA

judicial

Francisco Barbosa aceptó la renuncia del fiscal que llevó a juicio a Santiago Uribe por Los 12 Apóstoles

Carlos Iván Mejía Abello, fiscal delegado ante la Corte, había pedido en noviembre de 2019 fallo condenatorio en contra del ganadero.

“En desarrollo de la libertad de la entidad para decidir con qué servidores públicos de libre nombramiento y remoción cumplirá en mejor forma la misión constitucional asignada, la Dirección Ejecutiva, en el marco de las funciones que tiene delegadas, aceptó la renuncia al cargo del fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentada por el doctor Carlos Iván Mejía Abello”. De esta forma, en un comunicado de cinco párrafos se confirmó la salida del fiscal que llamó a juicio al ganadero Santiago Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con el grupo conocido como Los 12 Apóstoles.

La decisión se da ocho días después de que el fiscal general Francisco Barbosa Delgado solicitara la renuncia protocolaria de todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema y un grupo de funcionarios, esto con el fin de establecer el grupo que lo acompañará en su último año de gestión al frente del ente investigador. Tras hacer una revisión de su trabajo en estos años y reunirse con los directores de las 35 seccionales se hizo una valoración de los avances en los esclarecimientos de los delitos que más afectan a la comunidad y de mayor incidencia en los territorios.

En el comunicado, titulado “Fiscal general Francisco Barbosa reconoce la gestión y buenos resultados de su equipo directivo que permanecerá durante su último año de gestión 2023-24″, el jefe del ente investigador destacó el trabajo de sus funcionarios, principalmente del jefe de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, para abordar las investigaciones de los delitos de alto impacto y que tienen una afectación directa en la mayor parte de la comunidad.

“Luego de este proceso evaluativo y gracias a los buenos resultados obtenidos en este 2022, se dispuso en consecuencia la permanencia en sus cargos del actual equipo directivo de la entidad, garantizando con ello el afianzamiento de la capacidad institucional para lograr la consolidación de más y mejores resultados durante el último año de gestión”, señala uno de los apartes del comunicado. En el documento se confirma que solamente se aceptó la renuncia protocolaria del fiscal Mejía Abello.

El proceso contra Santiago Uribe

El 10 de febrero de 2021, después de cuatro años en sesiones, se puso el punto final en esta parte del proceso que se adelantó contra Santiago Uribe Vélez por la presunta participación y financiación del grupo denominado Los 12 Apóstoles, además del delito de homicidio agravado.

Este proceso se inició en firme en 2017, cuando la Fiscalía llamó a juicio al hermano del expresidente, detenido en 2016 por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Al ganadero también se le responsabiliza del asesinato del conductor Camilo Barrientos en Yarumal, Antioquia, en 1994.

Entre los argumentos presentados por el ente investigador se señala que el ganadero fue auspiciador de grupos paramilitares, específicamente el de Los 12 Apóstoles. En 2018 fue dejado en libertad por vencimiento de términos, pero el proceso continuó su curso.

Durante los alegatos de defensa, el abogado de Uribe Vélez, Jaime Granados Peña, detalló que no había certeza de la existencia del grupo y menos de que su defendido hubiera participado en este. Por esta razón pidió la absolución de su cliente al considerar que no incurrió en ningún delito.

El proceso contra el hermano del expresidente lleva 25 años y la etapa final, que culminó hoy, arrancó el pasado 26 de enero. Entre los contratiempos que han alargado su avance se cuentan el cambio de fiscales, abogados, modificaciones en las fechas de las audiencias, enfermedades del acusado y otros que han generado que se prolongue por más de dos décadas.

En los alegatos finales, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron fallo condenatorio al considerar que existían prueba documental y testimonial suficiente en contra del procesado.