Como pocas veces sucede, el Gobierno del presidente Iván Duque y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, devolvieron al Congreso un proyecto, alegando que va en contravía de algunos derechos de la Constitución Política. Se trata de una iniciativa que ya había surtido todo su trámite en el Legislativo y que busca establecer penas sustitutivas para madres cabeza de hogar que hayan cometido delitos menores para que no paguen condenas en prisión sino unas alternativas, como trabajo social y comunitario, con el fin de que puedan estar con sus hijos y estos no queden desprotegidos.
Según el documento firmado por el mandatario y por el ministro Ruiz, hay varios hechos que la hacen inconstitucional. Por ejemplo, hablan de que va en contravía del artículo 2 de la Constitución, en el que se establece que las autoridades deben velar por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades del Estado y de particulares.
“Extender el beneficio del servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de prisión a delitos graves y de alto impacto social (...) va en contravía de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar severamente -con pena privativa de la libertad- ese tipo de conductas y del derecho de las víctimas de tales delitos a la verdad, justicia y reparación.
La idea del proyecto es que por condenas entre los 6 y 8 años, frente a delitos que serían menores y en los que no se use la violencia como concierto para delinquir, hurto calificado, delitos de narcotráfico, entre otros, las penas sean sustituidas por trabajos sociales como una sanción simbólica.
El Gobierno alega que esto pone en riesgo a la misma sociedad y puede incentivar estos delitos. Además, que lejos del propósito principal que tiene la ley, de pensar en las mujeres y los menores, los pone en riesgo porque las mujeres en estas condiciones pueden llegar a considerarse un grupo atractivo para quienes reclutan para cometer estos delitos. El Gobierno señala que a su vez viola tratados internacionales, entre otros argumentos.
Este hecho no gustó a los autores, quienes se pronunciaron en contra. Juanita Goebertus dice no entender el porqué de la objeción. “Fue aprobado de manera unánime en la Cámara de Representantes. Estaba para sanción presidencial”, explicó la congresista de la Alianza Verde.
Agregó que todo el articulado se hizo en conjunto con la Universidad Javeriana, el CICR, entre otras organizaciones que le dieron su visto bueno. “Cuando las mujeres están en prisión sus hijos, que no tienen a otra persona que los cuide, terminan en muchos escenarios desescolarizados vinculándose a procesos de consumo de drogas y de alcohol problemático, pero además y más grave aún, vinculándose a distintos ciclos de criminalidad”, explicó Goebertus.
El senador Rodrigo Lara también se mostró sorprendido con la objeción, la que calificó de “absurda”. Lara dice que este es el eslabón más débil de una sociedad y que por eso necesita esa protección especial. “Las mujeres solas, pobres, con hijos a cargo”, dice.
La objeción del Gobierno al proyecto (...) tiene el propósito esencial de no separarlas de sus hijos, es decir de proteger esa forma de familia y en últimas de proteger a los menores de edad”, afirmó Lara.
El congresista también recalcó que en el Congreso este proyecto fue aprobado sin ninguna objeción y recalcó que entre los apoyos hay congresistas del Centro Democrático, partido de Gobierno. “No hubo un solo voto en contra en los cuatro debates”, aseguró.
Lara agregó que lo que procederá ahora es enviarlo a la Corte Constitucional para que por esta vía sea revisado, y según dice, respaldado, para que salga adelante. “Va a ir a la Corte y seguramente va a salir airoso, pero perdemos tiempo. Lástima”, comentó Lara.