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Gobierno pide anular sentencia que alertaba sobre seguridad de excombatientes

El Ejecutivo señala que, desde 2017, el número de muertes violentas de excombatientes ha ido disminuyendo cada año en comparación con el anterior.


El consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, reveló este martes que el Gobierno nacional solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la nulidad de la sentencia SU-20, que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en la seguridad de excombatientes.

El estado de cosas inconstitucional es una figura o una forma de decisión que la Corte Constitucional adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una situación grave. En estos casos, el alto tribunal emite a las autoridades órdenes generales para que entre ellas cooperen y se supere la situación.

En este caso, la alerta emitida por la Corte se refiere a la seguridad de los excombatientes que se acogieron al acuerdo de La Habana.

Sin embargo, el Gobierno considera que se han logrado avances, como lo demostraría un informe de la Defensoría del Pueblo citado por el propio Ejecutivo.

“Para que las acciones de todos los interesados en que la seguiridad de los excombatientes lleve a lo que es un objetivo común, es necesario que se parta de la realidad de los esfuerzos que se han hecho y lo que se ha avanzado. Por eso, es tan importante que la Corte considere lo que la Defensoría enseñó y que no se quede en sus apreciaciones iniciales”, señaló Archila.

El funcionario del Ejecutivo indicó que, según el informe de la Defensoría, se destaca que para cada tema el Gobierno ha hecho explícita su intención de cumplirlos, se ha trabajado para contar con planeaciones de largo plazo y se han obtenido resultados: “Hemos planteado observaciones, pero hemos constatado los avances en materia de garantías políticas, garantías jurídicas, política de víctimas, proceso de reincorporación, programas de sustitución de cultivos ilícitos y prevención de consumo, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Desarrollo Rural Integral, Desminado, Enfoque de Género y Enfoque Étnico”.

Así mismo, el informe señala que “desde antes, pero también luego de que el consejero Archila expidiera el Plan Estratégico para la Seguridad de Excombatientes, el cual está constituido por ocho líneas estratégicas, se ha avanzado en todos los frentes con el compromiso de todas las entidades del Estado en la seguridad de esta población, aún en las difíciles condiciones derivadas de la existencia de grupos armados y los esfuerzos que se han precisado derivados de la Pandemia”.

Sobre los resultados de la coordinación que le corresponde al consejero Archila, se indica que “se puede evidenciar un incremento sostenido en el esfuerzo y en la coordinación institucional para hacer más efectivas las medidas de protección”.

El consejero Archila agrega que al evaluar la dinámica del fenómeno en el tiempo se evidencia que desde el año 2017, el número de muertes violentas de excombatientes ha ido disminuyendo cada año en comparación con el anterior.

Igualmente se resalta un avance del 58,24 % sobre el esclarecimiento de los 285 casos en los cuales son competentes, un porcentaje que resulta alentador, teniendo en cuenta la congestión judicial tan alta que se presenta en el país.

Uno de los puntos más relevantes del informe del defensor es el pedido a la colaboración de los protegidos, esto es los excombatientes. Les exige que corrijan comportamientos que incrementan el riesgo.

También se deja claro que no ayuda la “tendencia a trasladarse a lugares lejanos y en pequeños grupos,” lo que “influye negativamente en las condiciones de seguridad y hace más compleja la protección de los excombatientes”.

Archila concluyó diciendo hay otros elementos que la Corte Constitucional podrá ahora tomar en cuenta y que se evidencian en el Informe del defensor: “Existe una política pública de garantías de seguridad para excombatientes, existe coordinación interinstitucional para la seguridad de personas en reincorporación, se está asignando de manera creciente presupuesto para la protección de los excombatientes, los esquemas de protección de otorgados por la UNP son un instrumento efectivo, se brindan garantías de seguridad para las personas que no residen en los antiguos espacios territoriales de reincorporación”.