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Fiscalía descubre “casa de torturas” en Nariño. Dos fundaciones para la rehabilitación de jóvenes con adiciones terminaron convertidas en centros de tortura en Ipiales, Nariño.
Fiscalía descubre “casa de torturas” en Nariño. Dos fundaciones para la rehabilitación de jóvenes con adiciones terminaron convertidas en centros de tortura en Ipiales, Nariño. - Foto: Fiscalía

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Aterrador: golpes, choques eléctricos y la toma de su propia orina; las torturas a pacientes en Nariño

También se investiga si los jóvenes habrían sido víctimas de violencia sexual.

Las terapias de sanación las hacían con violencia: golpizas prolongadas, golpes con tablas de madera y choques eléctricos con pistolas teaser. Todo un acto de crueldad para corregir comportamientos que se consideraban contrarios a la norma social.

Así operaban dos fundaciones de rehabilitación de pacientes con problemas de drogadicción en Ipiales, Nariño, según informó este martes la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las denuncias recibidas, estas dos fundaciones se convirtieron al parecer en centros de tortura, pues relatos de pacientes señalan que allí les realizaban prácticas de dolor y sufrimiento tanto físico como psicológico, indicándoles que eran métodos terapéuticos de recuperación.

Se conoció que presuntamente los procesados les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con pistolas teaser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y tomar su orina como bebida, consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes, y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento.

Mediante engaños, los dueños de la fundación hacían requerimientos económicos a las familias de los internos, asegurando su plena recuperación, ofreciendo servicios que nunca fueron habilitados para su tratamiento. Por otra parte, se pudo determinar que los familiares hacían llegar a las dos sedes de los centros de rehabilitación dinero, alimentos, productos de aseo y camas para los pacientes; no obstante, estos nunca llegaron y aparentemente terminaron en manos de quienes operaban como tratantes.

La Fiscalía abrió otra línea de investigación para establecer si se presentaron casos de abuso sexual y acoso contra las personas internadas en las fundaciones. Cabe anotar que los 97 pacientes que estaban en dichas organizaciones fueron rescatados con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Personería, y entregados a sus familiares.

Las capturas

El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Nariño, permitió la judicialización de nueve personas, entre creadores y empleados de las dos fundaciones implicadas en estos hechos.

Tras la imputación de cargos que el ente acusador les hizo a los procesados por los delitos de concierto para delinquir con fines de tortura; fraudulenta internación en asilo, centro médico o establecimiento similar; y actos de discriminación, un juez de control de garantías de Ipiales impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de ellos, y detención domiciliaria para uno más.

Se trata de los hermanos Jaime Alberto y Álex Andrés Benítez Benavides, conocidos con el alias Los Pájaros; Maira Isabel Medina Guerrero, Luis Guillermo Jajansoy Juajibioy, Herlandy Ferney Yama Coral, Héctor Fabio Villa Anama, Diana Carolina Vallejo Jaramillo, así como los también hermanos Edinson Martín y Daisy Elizabeth Ruano Cabrera.

Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, con apoyo de uniformados del Gaula Militar. Según las investigaciones, los hechos se habrían presentado desde el 24 de enero de 2020 hasta el pasado 23 de noviembre en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco del municipio de Contadero (Nariño), creadas por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol.

Sin embargo, en desarrollo del proceso se evidenció que no contaban con los permisos y autorización de la Secretaría de Salud Ipiales y la Secretaría de Salud de Nariño para su funcionamiento. Asimismo, se determinó que las personas designadas para realizar los tratamientos y la rehabilitación de los pacientes no eran profesionales en psicología, psicoterapia, enfermería u otras áreas afines.