Un fuerte llamado hizo el Grupo de los 38 juristas frente a la citación a indagatoria hecha por la Fiscalía General contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Por medio de un comunicado, el Grupo de los 38 aseguró que llama la atención el momento en que se tomó la decisión, puesto que coincidió plenamente con el calendario electoral y la segunda vuelta, “lo que puede afectar la confianza ciudadana en la independencia de la justicia”, enfatiza uno de los apartes del documento firmado.
En este punto, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que avancen con transparencia, con base en pruebas y sin convertirse en “herramientas de persecución política”, que afectan considerablemente la administración de justicia y los principios básicos del derecho.
Igualmente, recordaron que las víctimas tienen derecho a la verdad y la justicia. “Su llamado es a que la justicia actúe con absoluta independencia y que la ponga a salvo de toda sospecha de cálculo político”.
Debido a la complejidad e importancia del proceso como tal, el Grupo —conformado por abogados, exmagistrados y académicos— consideró que la justicia debe actuar con independencia.
La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a Indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó me atropella negando recursos.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 23, 2026
“El Grupo de los 38 hace un respetuoso llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que esta actuación se conduzca con estricta sujeción al debido proceso y plena transparencia. Asimismo, a los medios, a los actores políticos y a la ciudadanía, para que no conviertan una actuación preliminar en un veredicto anticipado y distingan entre la justicia y el espectáculo”, agregó.
Presunción de inocencia
En el comunicado, el mencionado Grupo de los 38 recordó que la apertura de la investigación y la citación a indagatoria no representa, en sí, una condena ni una declaración de responsabilidad penal.
Por esto mismo, la presunción de inocencia, respaldada en la Constitución Política de 1991, sigue incólume y debe respetarse hasta que exista una decisión de fondo.
Este llamado se hace frente a los continuos comentarios contra el exmandatario desde diferentes sectores políticos.
“En ese sentido, no es correcto ni respetuoso de las garantías fundamentales del encausado que la decisión en comento se presente como un veredicto anticipado que sustituya el juicio que solo a los jueces corresponde”, indicaron.
Finalmente, llamaron la atención frente al hecho de que estas decisiones se tomen dos décadas después de la ocurrencia de los hechos.
“Por ese motivo, mal podría invocarse la urgencia de una decisión que durante un cuarto de siglo no se adoptó”, detallaron.