El trino en el que el presidente Petro pide demandar penalmente por prevaricato al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, ponente de la decisión de suspender provisionalmente el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados al régimen público, ha generado una ola de rechazo en el país.
Un grupo de académicos, exministros y exmagistrados le escribieron una carta al procurador Gregorio Eljach Pacheco. La misiva la firman Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jaime Alberto Arrubla Paucar, Gloria Stella Ortiz Delgado, Juan Manuel Charry Urueña, Mauricio Fajardo Gómez, Vivian Morales Hoyos, Cristina Pardo Schlesinger, Moisés Wasserman, Juan Camilo Restrepo, Arturo Sarabia Better, Camilo Reyes, Luis Jaime Salgar, María Claudia Rojas Lasso, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Nilson Pinilla Pinilla, Pedro Medellín Torres, Jorge Humberto Botero, Germán Bula Escobar, Monica Cifuentes, Gloria María Borrero, Eduardo Pizarro, Gustavo Duncan.
Este es el texto completo:
Quienes suscribimos esta carta, ciudadanos colombianos en ejercicio, acudimos a usted para solicitarle que haga un enérgico llamado de atención presidente de la República frente a actuaciones que ha venido desplegando al margen del orden constitucional y en contravía con los mandatos que expresamente juró acatar y cumplir.
El presidente de la República, por mandato del artículo 188 de la Constitución, simboliza la unidad nacional y, con estricta sujeción a la Constitución y a la ley, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. A tono con lo anterior, en el artículo 198 de la Carta se dispone que el presidente de la República será responsable de sus actos y omisiones que violen la Constitución y las leyes.
Somos conscientes, señor procurador, del fuero que por disposición superior ampara al presidente de la República y por virtud del cual sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; por consiguiente, no solicitamos su actuación en ejercicio del poder disciplinario, sino que invocamos el ejercicio del poder moral que ostenta la Procuraduría, derivado del mandato del artículo 277 de la Constitución que le impone el deber y le brinda la competencia para vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
Ese poder moral de la Procuraduría, que es expresión, también, de su competencia para defender los intereses de la sociedad, debe manifestarse frente a actuaciones reiteradas del presidente de la República que lesionan gravemente el orden jurídico y frente a las cuales los ciudadanos nos sentimos desconcertados, inermes y desprotegidos.
Ese ejercicio desbordado del poder presidencial se advierte, entre otros frentes, en primer lugar, por la descalificación de las decisiones judiciales que le son adversas. El Presidente de la República, ciertamente, puede discrepar de las decisiones judiciales que le afecten, pero la expresión de su desacuerdo no puede pasar de la exposición razonada de su criterio divergente, al señalamiento infundado de motivaciones ajenas a la recta aplicación del orden jurídico en tales decisiones judiciales.
Y esa conducta se repite frente a la actuación de cualquiera de las autoridades del Estado que, en el ejercicio de sus competencias, se aparten de lo que el presidente considera el único entendimiento posible de la Constitución y la ley. Se trata de hechos notorios ante decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo.
Otro notable desbordamiento se advierte frente al funcionamiento del Banco de la República, cuyas decisiones, amparadas en la competencia constitucional que le impone el mandato de preservar la moneda sana, el presidente no duda en censurar, sin evidencia de ninguna naturaleza, con imputaciones que rayan en lo delictivo.
Y al amparo de tal censura el gobierno, inclusive recurre a la presión y al chantaje omitiendo el cumplimiento de inequívocos deberes del señor ministro de Hacienda que le imponen el deber de asistir y presidir la junta directiva del Banco de la República, aun cuando discrepe de sus decisiones.
En tercer lugar, también resultan contrarias a la Constitución las continuas expresiones que advierten sobre la existencia de un fraude electoral que, se anticipa, el propio presidente se reserva la potestad de calificar, verdad sabida y buena fe guardada, y de obrar en consecuencia.
Esos señalamientos, nuevamente sin evidencia alguna, erosionan la confianza en nuestro sistema electoral, que es pilar de la democracia. Y, en consonancia con lo anterior, el presidente de la República y todas las instituciones bajo su mando, han desplegado una activa participación política partidista, en favor del proyecto político oficial, no solo a través de expresiones de apoyo a una campaña o de rechazo a otras, sino mediante la destinación de recursos públicos y burocráticos.
En esa dirección el presidente de la República ha falseado el sentido de los instrumentos de participación política, que, bajo su orientación, en lugar de ser un canal para la expresión libre y espontánea de la ciudadanía, se han convertido en un mecanismo para permitir la más amplia participación en política del gobierno en plena contienda electoral y con el empleo de ingentes recursos públicos de todo orden.
Con sus actuaciones el presidente afecta el principio de separación de poderes porque pretende subordinar el orden constitucional a la voluntad del Ejecutivo; pone en riesgo la independencia judicial, cuando deslegitima las instituciones y promueve la presión pública sobre magistrados y jueces para que fallen según la voz del jefe del Gobierno; pone en entredicho los controles institucionales y distorsiona el principio democrático, cuando sugiere que la voluntad popular se expresa exclusivamente a través del Ejecutivo, desconociendo que la Constitución contempla la distribución del poder entre distintos órganos en un sistema que impone límites y controles.
En ese contexto, repetimos, señor procurador, buena parte de los colombianos nos sentimos indefensos, porque advertimos la insuficiencia de los medios de contención previstos en nuestro ordenamiento superior frente a un uso excesivo del poder presidencial más allá de cualquier previsión.
Creemos que hoy en Colombia están en juego el sistema democrático y las libertades ciudadanas, y que es urgente un pronunciamiento suyo que, al advertir de manera categórica al Presidente y al gobierno sobre las conductas en las que han incurrido en contravía con el orden jurídico, restaure en algo la confianza ciudadana en la supremacía de la Constitución, el equilibrio democrático y la vigencia de los derechos y las libertades.