El capítulo de los ‘sexocontratos’ en la Corte Suprema de Justicia avanza con rapidez, particularmente en el proceso que enreda a Gustavo Petro y María José Pizarro en condición de congresistas. El propio presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema lanzó un contundente mensaje.
El magistrado Carlos Roberto Solórzano aseguró que los hechos denunciados en SEMANA por Deicy Jiménez, la mujer que advirtió sobre los contratos en el gobierno Petro a cambio de relaciones sexuales, son de la “mayor gravedad” y se necesita adelantar las investigaciones de manera urgente.
“Lo único que esperamos es que las investigaciones funcionen y lo que sí puedo señalar categóricamente es que los hechos son de altísima gravedad. Entonces, en ese sentido como Corte Suprema, esperamos que las investigaciones funcionen y una vez las mismas se reflejen en acusaciones, si la Fiscalía llega a ese sentido”, advirtió el magistrado.
“Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y lo privado”: el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, se refirió al escándalo de los ‘sexocontratos’ revelado en SEMANA. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/r6TDnxYDNt
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2026
El presidente de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia aseguró que los servidores públicos, entre ellos los expresidente de la república, como Gustavo Petro, deben ser dignos tanto en lo público como en escenarios privados. No existe excusa para tener comportamientos distintos, en momentos diferentes.
“Pero también tengo que decir de manera categórica que los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado, y en eso creo que tenemos responsabilidades muy grandes ahora desde el punto de vista de las investigaciones. Esperamos que lleguen a contextos de realidad y la Corte en su momento se tendrá que pronunciar”, dijo el magistrado Solórzano.
Advirtió el magistrado que lo importante es establecer si existieron contratos con dineros del Estado. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación tienen que adelantar las correspondientes investigaciones y establecer la veracidad de las denuncias, además las responsabilidades de quienes firmaron esos contratos.