La Sala Especial de Primera Instancia acusó este martes al representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, como presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la determinación el alto tribunal se abstuvo de imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los hechos materia de investigación se presentaron cuando Cerchiaro Figueroa fue alcalde de Barrancas, en La Guajira en el 2018, y se relacionan directamente con la tramitación y celebración del contrato de concesión para la prestación del servicio público en el mencionado municipio, así como su correspondiente contrato de interventoría.
Estos dos contratos fueron celebrados entre el municipio y las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S y la Interventoría Alumbrado Público de Barrancas, respectivamente, a través de las facultades especiales que el Concejo municipal le dio al entonces alcalde, Jorge Alberto Cerchiaro.
En la presentación de la acusación, la Corte Suprema determinó que el entonces alcalde presuntamente tramitó este contrato sin satisfacer los requisitos legales esenciales. Esto debido a que al asumir la administración municipal, el exalcalde sabía que los recursos que se habían recaudado por concepto de impuestos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de operación del sistema de alumbrado público, así como la provisión de energía eléctrica.
Pese a que conocía los problemas que llevaron a disolver al anterior operador de servicios públicos, el alcalde no se basó en los estudios técnicos que le exigía la ley para adelantar el nuevo contrato de concesión de alumbrado público, lo cual llevó a que se implementara un modelo económico deficitario.
Para la Sala Especial de Instrucción, en este caso se presentó una ausencia de estudios efectivos sobre cómo se iba a financiar el alumbrado público, lo cual generó que este negocio estatal fuera inviable y se hiciera imposible cubrir sus costos operativos y los de provisión de energía eléctrica.
Recientemente, el congresista fue citado también a indagatoria por las irregularidades que se habrían presentado en el pago y liquidación de un contrato, el 23 de agosto del 2016, cuando fungió como alcalde de Barrancas. Este contrato, celebrado por su antecesor, tenía como objetivo la reforestación del río Ranchería.
La Sala de Instrucción investiga si la liquidación de ese contrato se hizo presuntamente sin que se cumplieran los requisitos para ello, desconociendo los principios de contratación pública y ocasionando un detrimento al patrimonio.
Después de escucharlo en indagatoria, la Sala definirá la situación jurídica del congresista, quien, por medio de su abogado, se ha declarado inocente de los señalamientos.