Tras la aprobación de un preacuerdo, este viernes 4 de septiembre fue sentenciado a 62 meses de prisión Juan Carlos Martínez Rodríguez, el llamado ‘hombre del maletín’, vinculado al escándalo de corrupción de Las Marionetas.
Martínez Rodríguez, odontólogo de profesión, fue una de las personas más cercanas al exsenador liberal Mario Castaño, quien lideró una red que recibió millonarios contratos en diferentes entidades del Estado.
En el preacuerdo, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio.
La investigación de la Fiscalía, y que fue revelada en exclusiva por SEMANA, señala que Martínez, pese a su profesión, era uno de los asesores en la sombra de Mario Castaño, dándole indicaciones precisas sobre los contratos que debía buscar en ministerios y entidades.
La fiscal anticorrupción que lideró el caso lo señaló como el “engranaje” del Grupo de Delincuencia Organizada que desvió millonarios contratos de obras públcas e infraestructura en los departamentos del Tolima, Quindío y Cundinamarca.
La Fiscalía General indicó que siendo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Mario Castaño ejerció presiones y movió influencias para que se entregaran a dedo varios contratos de obra e infraestructura.
Para el ente investigador, este odontólogo era un viejo conocido de la clase política del Eje Cafetero. Siendo así el “principal responsable de mantener comunicación con mandatarios locales, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos”, entre los que se destacaban la construcción de canchas sintéticas, programas para la tercera edad, parques infantiles.
Martínez Rodríguez, quien se entregó a las autoridades hace dos años, fue el encargado de coordinar pagos y distribuciones de sobornos, “administró los recursos de la organización delictiva, recibió beneficios económicos por parte de la empresa Top de Ingeniería S.A.S, empresa que fue beneficiada de manera indebida en contratación estatal en varios municipios”.
Igualmente, movía todas sus influencias para que se nombraran personas en cargos públicos. Esto pese a que no cumplían con los requisitos. Claro, los interesados en ser nombrados debían entregar parte de su salario para anchar así sus cuentas bancarias.
De esta forma logró nombramientos de contratistas y servidores públicos en el Sena Regional Caldas, Agencia Nacional de Minería, Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y la Contraloría de la República. “Exigía retribución económica a los beneficiarios y/o apoyo político a favor de Mario Alberto Castaño Pérez”.