Son varios los rumores que han surgido sobre el futuro de Juliana Guerrero, luego de que SEMANA revelara en exclusiva el presunto entramado de corrupción que habría creado junto con su hermana Verónica Guerrero para, supuestamente, hacer millonarios cobros a empresarios con la promesa de facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.
Una de las versiones que más ha cobrado fuerza con el paso del tiempo es la posible salida del país de Guerrero. Sin embargo, SEMANA se contactó con su abogado, Felipe Alzate, para conocer su postura frente a esa versión.
La respuesta de Alzate fue categórica: “Juliana Guerrero ha sido clara en que comparecerá ante la administración de justicia. No tiene intención de salir del país, está plenamente dispuesta a rendir las explicaciones que correspondan y, de hecho, ya solicitamos formalmente a la Fiscalía que nos informe sobre la investigación que fue aperturada. Antes de alimentar especulaciones, conviene ceñirse a los hechos”.
Esta situación ha traído a la memoria de los colombianos el caso del exdirector del Dapre y de la DNI, Carlos Ramón González, quien terminó asilado en Nicaragua después de que la justicia colombiana decidiera procesarlo por el entramado de corrupción en la UNGRD. En ese momento, el abogado de González era Iván Cancino, hoy ministro de Justicia designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Volviendo al caso de Juliana Guerrero, este medio conoció que el abogado Felipe Alzate puso como condición renunciar al Consejo Superior de la Universidad del Cesar para asumir su defensa. Además, le pidió que su relación con el Gobierno no incidiera en las investigaciones y le sugirió enfocarse en preparar la defensa frente a los procesos judiciales en su contra.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) July 28, 2026
Así fue como Guerrero terminó renunciando al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde permaneció cerca de un año como delegada del presidente Petro, pese a las acusaciones que en el pasado también se formularon en su contra por la presunta falsificación de su título como contadora de la Universidad San José.
Sobre el escándalo que destapó SEMANA en su más reciente edición impresa contra las hermanas Guerrero, el abogado Alzate reiteró: “Juliana no se ha reunido con contratistas ni con intermediarios que tengan algún interés con procesos de contrato con el Gobierno. Mucho menos ha recibido plata de terceros”.
La justicia determinará, con testimonios, audios, chats y consignaciones, si las hermanas Guerrero habrían participado en esa presunta red de corrupción que, según las pruebas, se habría tomado varias de las entidades más importantes del Estado colombiano.
La petición a la Fiscalía
SEMANA también conoció que la defensa de Juliana Guerrero envió una petición al director seccional de la Fiscalía en Bogotá, Javier Mauricio Paba, para que informe cuáles son los procesos que actualmente cursan contra su cliente y qué delegados de la Fiscalía están a cargo de esas investigaciones.

Además, solicitó, de manera expresa, el número de radicado que se generó a partir de la revelación hecha por SEMANA, con el fin de ejercer el derecho a la defensa, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples decisiones.
El abogado Alzate también manifestó en la comunicación: “Es deseo de esta defensa manifestar su compromiso de colaborar con la administración de justicia y aportar al esclarecimiento de los hechos que puedan ser objeto de investigación. En atención a ello, se solicita adicionalmente que se cite tanto al suscrito como a la señora Guerrero Jiménez a cualquier diligencia ante juez de control de garantías que se adelante en el marco de las respectivas indagaciones que puedan existir en contra de esta última”.
