En octubre de 2024, la familia que habitaba una vivienda en el barrio Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, fue sorprendida con un megaoperativo adelantado por un grupo de militares que alegaban seguir una orden emitida por la Fiscalía General.
Pese a las súplicas de los integrantes de la familia, los militares continuaron con la inspección, revisando cada una de las habitaciones con el fin de recolectar la información reseñada en la orden del ente investigador.
Sin embargo, después de varias horas, los agentes no encontraron absolutamente nada. Por lo que empezaron a sospechar que habían recibido información errónea.
El caso trascendió a los medios de comunicación. Hecho por el cual la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación en contra del teniente y los dos soldados que participaron en el allanamiento a dicho inmueble.
Tras varias pesquisas, y la recolección de evidencia, el juzgado 1306 Penal Militar y Policial de Conocimiento cerró el proceso penal al concluir que los investigados solamente estaban cumpliendo una orden.
“Los militares actuaron en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente”, señala la decisión, que consideró que los militares recibieron información directa de la Fiscalía General para ubicar el inmueble e ingresar.
Por esto, cerró el proceso contra los uniformados que eran señalados de los cargos de violación de habitación ajena y daño en bien ajeno.
En la decisión, el despacho estableció que el predio afectado estaba habitado por una familia que no tenía ningún tipo de relación con la orden de allanamiento.
En el operativo, concluyó, la vivienda fue forzada y presentó daños en sus rejas, chapas, paredes, piso y fachadas. Lo que tuvo un costo, para la familia, de 14 millones de pesos para realizar los respectivos arreglos.
Por considerar que los militares recibieron información errónea, el juzgado compulsó copias ante la Fiscalía General para que investigue a los integrantes del CTI por no entregar los datos exactos sobre la ubicación donde debía adelantarse el operativo.
Igualmente, se pidió investigar a un cabo del Ejército que habría dado la señal para intervenir el inmueble equivocado. Esto por considerar que habría existido una atipicidad en su conducta.
