Samuel Ibarra Conde y Rodrigo José Solano Gómez eran docentes de una fundación de música de Ginebra, en el Valle del Cauca. De acuerdo con la Fiscalía, son señalados de solicitarles fotografías íntimas a varias de sus alumnas, ejercer actos sexuales en contra de su voluntad y someterlas a distintos vejámenes dentro y fuera de la sede de la institución.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos de abuso y acoso sexual ocurrieron en más de una década al interior de este centro educativo. Las víctimas llegaban como invitadas a los cursos de música y terminaban sometidas a las exigencias sexuales de los docentes que ahora resultaron judicializados.
“En una fundación de música de Ginebra (Valle del Cauca), dos docentes que tenían a su cargo la iniciación y formación artística de niños, niñas y adolescentes del municipio se habrían aprovechado de su posición de garantes para presuntamente agredir sexualmente a sus estudiantes menores de edad entre 2010 y 2022”, dijo la Fiscalía.
Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía, que surgieron luego de las denuncias de las víctimas, a través de sus familiares, incluyeron varios análisis psicológicos y forenses que permitieron establecer la presunta responsabilidad de los dos docentes y los hechos que fueron narrados, y cómo los menores terminaron víctimas de los abusos.
“Valoraciones neuropsicológicas, estudios victimológicos y otras labores investigativas dan cuenta de que Ibarra Conde estaría involucrado en agresiones a cinco víctimas en diferentes hechos delictivos, relacionados con menores de edad entre los 12 y 18 años; mientras que a Solano Gómez se le atribuyen agresiones sexuales a dos estudiantes”, señaló el ente acusador.
De acuerdo con su posible responsabilidad individual en los hechos conocidos, una fiscal de la Seccional Valle del Cauca los imputó por delitos como acto sexual violento, acceso carnal violento, acoso sexual y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.
“Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal”, advirtió la Fiscalía tras la judicialización de los profesores.