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Las autoridades adelantaron un operativo en la sede de la fundación. - Foto: guillermo torres y Fiscalía

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La casa del horror: a la cárcel director de fundación por actos de tortura y tratos crueles

Desconociendo cualquier tacto humano, los jóvenes que eran ingresados a la fundación para tratar sus adicciones fueron dopados, golpeados y sometidos a cualquier tipo de vejámenes.

La Fundación Resurgir a la Vida, ubicada en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, fue lugar de los más atroces casos contra la dignidad humana. En dicha Institución Prestadora de Salud (IPS) los jóvenes que eran internados para tratar sus adicciones eran golpeados, dopados y sometidos a cualquier tipo de vejámenes. En la investigación adelantada por SEMANA se estableció que por órdenes directas de su director, Jairo Masmela García, los trabajadores de la institución se encargaban de humillar, aislar, golpear y darles medicamentos no avalados o permitidos a los pacientes.

En varias denuncias reposan los actos crueles a los que eran sometidos por parte del personal médico y las enfermeras. En las interceptaciones realizadas, conocidas en su totalidad por SEMANA, se evidencia la forma en cómo aislaban a los jóvenes para que no le contaran nada a sus familiares, les suministraban medicamentos sin control y prescripción, y los torturaban cuando incumplían las normas.

Los jóvenes con problemas de drogadicción, obesidad y que tenían una orientación homosexual sufrían tratos denigrantes, que afectaron su psiquis e integridad personal.

Por estos hechos la Fiscalía General imputó los delitos de tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple, amenazas y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a Masmela, quien fungía como representante legal y director de la IPS; así como a Tiberio Azcárate, Leonardo Casas y Álvaro Azcárate.

En el operativo adelantado por las autoridades en la sede de la fundación, fueron recuperadas 35 personas, entre ellas dos menores de edad. En el allanamiento se incautó una pistola tipo taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para la inmovilización.

Con los elementos materiales probatorios recolectados se estableció que las personas que trabajaban en esta fundación participaron en graves agresiones, torturas, conductas contra la libertad, la integridad física y emocional, a los niños y adolescentes que fueron internadas para “tratar las adicciones y adelantar los procesos de recuperación y reinserción social a consumidores de sustancias psicoactivas”.

Engaños y procedimientos no certificados

En el marco de la investigación se determinó que los familiares de los niños y adolescentes que fueron internados en la institución recibieron información falsa de Masmela frente a los tratamientos certificados y la atención médica y psicológica.

En varios casos se determinó una reclusión en contra de su voluntad, “en muchas ocasiones habían ingresado al inmueble dopadas o amarradas para que no se resistiesen”. Igualmente, ejercían todo tipo de presiones para que no le contaran a sus familiares lo que estaban viviendo, para disminuir riesgos, se les limitaban las comunicaciones, se monitoreaban sus llamadas y se ejercía un control para que no contaran nada.

“Cada interno que ingresó habría sido desnudado, amarrado y bañado con mangueras y escobas, con el supuesto de que era la forma de limpiarle las impurezas”, señaló la Fiscalía en la imputación.

Los trabajadores les pedían a los acudientes de los jóvenes ropa o elementos personales, los cuales nunca les eran entregados a las personas que allí se encontraban internadas.

¿Qué querían ocultar?

El hacinamiento, la falta de medidas sanitarias, el poco acceso a espacios al aire libre, la escasa ventilación, son algunos de los rasgos que más impresionaron a los agentes que adelantaron la inspección.

Los denunciantes señalaron que en la zona conocida como el ‘pasillo azul’ era el escenario de las agresiones y torturas. Estas se ejecutaban cuando se consideraba que se presentaba un incumplimiento en las tareas o una alteración al orden. En los castigos les restringían y controlaban el acceso al baño.

Las personas que tenían obesidad “eran aseguradas con cuerdas durante el almuerzo o la cena para que vieran a los compañeros alimentarse”. Debido al hacinamiento y las nulas condiciones sanitarias, se presentaron brotes de viruela y Covid-19 que no fueron atendidos oportunamente por los médicos.