“Renuncio de manera expresa e irrevocable a mi acreditación y reconocimiento como víctima”. Con este enfático mensaje la periodista Jineth Bedoya Lima cerró su intervención el pasado martes 3 de febrero en una audiencia reservada contra el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La periodista aseguró que después de más de 25 años de su secuestro y abuso sexual tomó esta drástica decisión en medio de los macrocasos 8 y 11 que tienen relación con los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado; violencia basada en género, sexual y reproductiva, y otros crímenes por perjuicios basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa, respectivamente.
“General Gallego, decido no perdonarlo ni a usted ni a los otros hombres que me hicieron daño. Decido perdonarme a mí, por haberme permitido entregarle mi paz a unos criminales durante 25 años, 8 meses y 9 días”, aseguró, con voz fuerte y decidida, la comunicadora.
Bedoya aseguró que esta decisión la tomó tras ver que la justicia siempre era ajena en su caso y que el sistema buscó la forma de beneficiar a sus agresores, quienes por décadas gozaron de total impunidad y solo hasta ahora están siendo citados para que respondan por los hechos registrados en la tarde del 25 de mayo del 2000.
“Mi justicia es mi verdad y mi testimonio. Mi trabajo decidido y comprometido con la memoria de Colombia. Con el honor de las otras víctimas que no tuvieron mi suerte de sobrevivir. Ya no tengo nada más que perder. Me lo quitaron absolutamente todo, menos la dignidad”, enfatizó.
En medio de la diligencia a la que fue citada a rendir versión libre en el caso contra el exdirector de la Dijín de la Policía, la periodista aseguró que la falta de avances la motivaron a buscar otra forma de perdón, justicia y reconciliación.
“Señor Leonardo Gallego, aunque suene paradójico e incongruente, le quiero agradecer algo porque, sin la monstruosa atrocidad que me cubrió, hubiera sido imposible abrir la puerta para que la sociedad tuviera la dimensión destructora de una violación; para que miles de mujeres se atrevieran a levantar la voz con valentía; para que mi dolor se convirtiera en algo tan trascendental que lograra resucitarme”, finalizó.
El oficial en retiro, quien comandó la Dijín entre los años de 1999 y 2000, fue vinculado recientemente al caso por presuntos actos de omisión que permitieron el secuestro de la periodista en el interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, cuando investigaba una guerra que existía entre paramilitares y guerrilleros que ahí estaban recluidos.
La periodista fue engañada y retenida contra su voluntad. Posteriormente, la montaron a un vehículo donde fue víctima constante de torturas y amenazas contra su vida e integridad personal. Por la falta de avances en materia judicial y la permisividad, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano.