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La radiografía de la corrupción electoral, según la Fiscalía

El ente acusador expidió una directiva sobre la investigación en delitos electorales, a vísperas de las elecciones presidenciales de marzo.


La directiva que firmó el fiscal Francisco Barbosa es básicamente una hoja de ruta para los fiscales en todo el país a la hora de atender, investigar o abordar casos de delitos electorales en tres momentos: antes, durante y después de las elecciones. La directiva nace de un estudio detallado en las regiones y la situación que las afecta, es una radiografía de la corrupción electoral que dejó al departamento de Antioquia en cuidados intensivos.

Otros departamentos de Colombia padecen del mismo diagnóstico, corrupción electoral y sobre ellos se escribe la receta de la Fiscalía con el ánimo de curar y sino, por lo menos, atender de urgencia los fenómenos electorales que le competen al escenario penal. Si bien la Fiscalía no es la encargada de decidir quién puede participar del debate electoral, será la responsable de judicializar las conductas criminales que se deriven del certamen democrático.

“Los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas”, dijo el fiscal Francisco Barbosa al explicar la directiva.

El examen de la Fiscalía no fue una cita de 10 minutos. Fueron meses de recorridos por las regiones, gigas de datos condensados en años de denuncia, seguimiento e investigación. El resultado se convierte en otro documento para enmarcar en las elecciones que están a la puerta de un mes. Se trata de un mapa de riesgo electoral que además del departamento de Antioquia deja a otros con el mismo padecimiento.

Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, completan este listado de enfermos electorales, en criterio de la Fiscalía, que no precisamente debe coincidir con los datos suministrados o compartidos por otras entidades que hacen su propio examen. La información que está en el ente acusador goza de su propia construcción.

“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526, y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el Fiscal General al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.

Origen de los datos

La Fiscalía construyó una fuente de información que se surtió de las propias investigaciones o denuncias en cada región del país, pero además tuvo en cuenta el censo electoral, la presencia de grupos armados, los casos de fraude electoral, minería ilegal, violencia contra los líderes sociales y el sistema Uriel —la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral—.

“La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados”, señaló la Fiscalía.

Ciudades y municipios como Medellín, Buenaventura, Turbo, Quibdó y Tumaco, también están en sistema de riesgo como zonas afectadas por la corrupción electoral y es allí donde la Fiscalía concentrará gran parte de los esfuerzos. Se aumentará el número de funcionarios del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Además, la Unidad Especial de Investigación, creada en la Fiscalía con ocasión de la firma del proceso de paz, se encargará de investigar hechos de corrupción o afectación a las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes.