Laura Sarabia no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía en la investigación por el polígrafo a Marelbys Meza

Laura Sarabia ocupó altos cargos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Fue la jef de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y hasta embajadora de Colombia en el Reino Unido. Ahora su empleador, la Presidencia, dice que es víctima de sus actuaciones, las mismas que imputó la Fiscalía.

Exclusivo: SEMANA revela los informes de investigadores que advierten cómo la Fiscalía cambió los delitos que serían imputados a Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza

La exfuncionaria y antigua mano derecha del expresidente Gustavo Petro no aceptó los cargos que imputó la Fiscalía por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, hechos materia de investigación relacionados con el polígrafo ilegal que practicaron a Marelbys Meza en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

La Fiscalía tiene claro que quienes realizaron este procedimiento ilegal fueron los miembros de la seguridad presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, pero quien dio la orden, de acuerdo con los elementos de prueba y algunas declaraciones, fue Laura Sarabia. Justamente la razón para la imputación de cargos.

“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa realmente le correspondía”, dijo la Fiscalía.

Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía permitieron llegar a la injerencia razonable de autoridad o participación de Laura Sarabia en los delitos que fueron imputados y que no aceptó durante la audiencia en la que se declaró inocente, pero que abre el camino para nuevas etapas en el proceso en el objetivo de lograr una condena en su contra.

Durante esa audiencia, la Presidencia de la República pidió espacio para constituirse como víctima de las actuaciones de Laura Sarabia; lo mismo hizo la defensa de Marelbys Meza, la entonces niñera de la exembajadora, y Fabiola Perea, quien trabajaba en el servicio doméstico en el apartamento de Sarabia para la fecha de los hechos.

Luego de las denuncias de SEMANA que revelaron los informes de la propia Fiscalía con el detalle de la imputación que está lista hace meses, se advirtió que el delito de peculado era central en la investigación. Cuando la Fiscalía anunció la imputación no lo incluyó, sin embargo, ahora lo sumó en la lista de conductas atribuidas a la exembajadora.

“Usted, como servidora pública, determinó a través de mandato al coronel Carlos Alberto Feria, que tenía bajo su administración los equipos de poligrafía, que como vocación técnica habían sido entregados por el grupo de recursos físicos e inventarios del Dapre al coronel Carlos Feria como jefe de protección presidencial. Usted lo determinó para que usara indebidamente esos equipos en uso. Se apartó totalmente de los fines a los que estaban destinados”, dijo la Fiscalía.

La prueba irrefutable en contra de Laura Sarabia está en una declaración de un oficial de la policía que advirtió que fue ella la encargada de dar órdenes al jefe de seguridad presidencial para practicar las pruebas de poligrafía a la Marelbys Meza con el objetivo único y personal de saber qué pasó con el dinero hurtado.

“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía y que conoció SEMANA.

Con la imputación lista, la Fiscalía podrá seguir con las etapas del proceso en el propósito de llevar a juicio a Laura Sarabia y obtener una condena en su contra, esto susceptible de que decida aceptar cargos a través de un acuerdo con el ente acusador.