A Laura Sarabia la Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. De acuerdo con el ente acusador, la exembajadora de Colombia en el Reino Unido utilizó su poder durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro para someter a Marelbys Meza a unas pruebas de polígrafo ilegales.
La defensa de la exembajadora advirtió que la Fiscalía tiene que ser objetiva y dijo que incluir el delito de peculado durante la imputación empieza a dibujar lo que considera una “imputación inflada”, tras indicar que no existen hechos materiales probatorios para señalar que su cliente hubiese cometido ese delito.
Incluso dejó entrever que sumar el delito de peculado a la imputación que previamente se había anunciado por otros dos delitos parece una represalia por no firmar un acuerdo con el ente acusador para que la exembajadora acepte la responsabilidad y se fije una condena en su contra.
“Para eso les pagan, para imputar y acusar, pero hay que ser objetivos. Ojalá que, como no hemos accedido a lo de la aceptación de cargos, al preacuerdo, no se trate de una inflada de cargos”, dijo el exfiscal Mario Iguarán, abogado de Laura Sarabia.
En plena audiencia, el exfiscal Mario Iguarán advirtió que la Fiscalía podría estar “inflando” la imputación contra Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/o0GeINUBX7
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026
La defensa de Laura Sarabia fue más allá e hizo una advertencia de cómo fiscales en otros procesos terminaron en líos judiciales, justamente por “inflar” las imputaciones, según su consideración. Iguarán lo dijo en plena audiencia y mientras la fiscal que acababa de imputar cargos lo estaba escuchando.
“Recientemente, en una decisión de la justicia, se condenó por prevaricato a una fiscal en Cauca, que le dio por inflar los delitos, pero lo que queremos es que se nos precisen algunas inquietudes que nos atormentan”, señaló Iguarán.
El ente acusador aseguró que Sarabia aprovechó su cargo y la jerarquía que tenía en la Presidencia para impartir órdenes y llevar a Marelbys Meza a las pruebas de poligrafía que, en criterio de los investigadores, fueron ilegales, dado que la orden habría representado abuso de poder y peculado.