Le cayeron a los bienes de los protagonistas del “cartel de la hemofilia”

El denominado cartel de la hemofilia fue un escándalo de corrupción que causo un desfalcó millonario a las finanzas de la salud en el departamento de Córdoba y tuvo como protagonista al propio gobernador Alejandro Lyons. Detrás del mandatario existía una compleja red de corrupción que incluyó a otros funcionarios, abogados, médicos y representantes legales de las IPS que se encargaban de la distribución de los medicamentos de alto costo, principalmente para enfermedades como la hemofilia.

Varios de los implicados en este caso, tras la contundencia del material probatorio que tenía la Fiscalía, decidieron aceptar cargos para obtener algunos beneficios en el monto de las condenas. Así ocurrió, sin embargo, los investigadores de la dirección de extinción de dominio continuaron con el proceso y casi 10 años después lograron la incautaron las propiedades que fueron adquiridas supuestamente con los dineros de este escándalo de corrupción.

“Impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 68 bienes que pertenecerían a Marco Antonio Ramírez Varón, dueño y gerente de una Institución Promotora de Salud (IPS) que estaría involucrada en el denominado ‘Cartel de la hemofilia’, hechos por los que Ramírez Varón fue condenado a más de 7 años de prisión”, explicó la Fiscalía al entregar los detalles de los operativos de extinción.

De acuerdo con la Dirección Especializada de Extinción de Dominio se trata de 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades avaluados en aproximadamente 100 mil millones de pesos. “Los predios están ubicados en Bogotá, Ibagué y Espinal en Tolima, Coveñas en Sucre, Cúcuta y Chinacota en Norte de Santander, Villavicencio en el Meta y en Palermo en Huila”.

La información que tienen los investigadores y que llevó a la incautación con fines de extinción de dominio de las propiedades, indica que el representante legal de la IPS presuntamente adquirió medicamentos de contrabando provenientes de Ecuador y Venezuela para hacerlos pasar e incluirlos en el sistema de salud del departamento de Córdoba.

“Los bienes fueron adquiridos con dineros producto del desfalco al sistema de salud colombiano con la comercialización de medicamentos adulterados traídos desde Ecuador y Venezuela para tratar enfermedades crónicas y de alto costo”, señaló la Fiscalía.

El representante legal de la empresa que resultó condenado, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, corrupción de alimentos. Luego de esa aceptación la pena que le impuso la justicia quedó en siete años de prisión.

Las propiedades que estaban a nombre del representante legal y de terceras personas pasaron a mano del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.