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Lectura de la condena contra alias Karina se reanudará este lunes ante Justicia y Paz

La excomandante de la guerrilla de las Farc enfrenta un proceso por 3.325 crímenes registrados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío, durante el conflicto armado.


El próximo 6 de junio continuará la lectura del fallo en contra de la excomandante de las Farc, Elda Neyis Mosquera, alias Karina, por su responsabilidad en 3.325 crímenes registrados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío, durante el conflicto armado.

El magistrado Juan Guillermo Cárdenas, de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, reanudará la lectura del macrocaso que también vincula a otros ocho exguerrilleros de los bloques, José María Córdova, Iván Ríos, Noroccidental y Efraín Guzmán de las Farc.

En la lectura del fallo de 5.579 páginas se citan las acciones que adelantó este grupo guerrillero en la zona oriental del país, se advirtió, además, que los delitos más graves son el de rebelión, entrenamiento para actividades ilícitas, utilización ilegal de uniformes e insignias, empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal, ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos.

En este proceso ya fueron reconocidas 2.172 víctimas que serán reparadas por Karina y Daniel Sierra, alias Samir; Nelson Patiño, alias El Zorro; Marco Fidel Giraldo Torres, alias Garganta; Pedro Luis Pino, alias Martín; Virgilio de Jesús Guzmán, alias Walter; Fabio Nelson Aguirre, alias Carlos; Jesús Giraldo, alias Miguel, y Edison Cataño, alias Garraseca.

Debido a esto, el proceso en Justicia y Paz tiene más un objetivo de reparación, puesto que estos guerrilleros ya estuvieron el tiempo máximo que fija Justicia y Paz.

Este es el primer caso en que Justicia y Paz (organismo creado tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia) condenan a personas y actos relacionados con la guerrilla de las Farc. “La guerra tiene sus reglas, olvidadas adrede por los miembros de las Farc, cuando atacaron poblaciones, consumado a través de incursiones guerrilleras, masacres, reclutamientos, violencia de género, abortos y planificaciones forzadas, tratos inhumanos, desplazamientos, homicidios, torturas, secuestros”.

En la lectura inicial del caso, el magistrado ponente añadió que entre 1996 y 2001, se presentaron 7.181 secuestros, de los cuales “1.891 víctimas pagaron 3,6 billones de pesos”. Con estas acciones, la guerrilla de las Farc logró un financiamiento de sus actividades.

Karina estuvo ocho años privada de su libertad tras su entrega a las autoridades en el año 2008. En este periodo fue designada como gestora de paz para lograr la desmovilización de otros guerrilleros.

El prontuario de Karina

Elda Neyis Mosquera, comandante del frente 47 de las Farc, se desmovilizó el 14 de noviembre de 2007, después de un bombardeo ejecutado por la Fuerza Aérea en la vereda Los Planes, municipio de Sonsón, en Antioquia.

En la acción militar fueron abatidos tres guerrilleros, entre los que se encontraba su jefe de seguridad. Con los operativos continuos en la zona y la constante disminución de sus hombres, la temida jefa guerrillera, señalada de haber ordenado todo tipo de crímenes en la región, se desmovilizó.

No les dijo nada a los hombres que la custodiaban, solamente manifestó que tenía que “revisar” unos temas. Guardó todas las armas que tenía la estructura, solamente mantuvo lo necesario y buscó a las autoridades en compañía de alias Michín, su pareja sentimental.

La mujer temía ser traicionada por sus hombres para que reclamaran la millonaria recompensa que estaban ofreciendo por información que permitiera su captura. Igualmente, les pidió a los agentes del DAS y a los soldados que la esperaban en las montañas de la vereda Santa Rosa, de Argelia, que le respetaran su vida.

Además, pidió encarecidamente que le permitieran tener nuevamente contacto con su hija.

Karina tenía un extenso prontuario relacionado con atentados en contra de la población civil y la fuerza pública, extorsiones, minería ilegal, secuestros, entre otros.

En 2009 fue designada por el Gobierno como gestora de paz, adelantando contactos para la desmovilización, reintegro a la vida civil y entrega de armas de otros guerrilleros.